El pleno de la Cámara de Diputados exhortó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y a la Procuraduría General de la República (PGR) hacer pública toda la información que tengan disponible en relación al operativo Rápido y Furioso, incluyendo la que fue generada en instancias estadunidenses y remitida a las autoridades mexicanas.
Tras lograr la aprobación de todas las fuerzas políticas, luego de presentar su punto de acuerdo, la diputada perredista Aleida Alavez asentó que es necesario que el Poder Ejecutivo asuma e instrumente su responsabilidad con todas las víctimas afectadas por el operativo, además de proveer todas las medidas que permitan resarcir los daños y afectaciones que hayan sufrido en su persona, patrimonio o posesión.
Recordó que este programa implementado por la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés), de Estados Unidos, permitió el ingreso legal a territorio nacional de miles de armas bajo el pretexto de que serviría para “rastrearlas” y asegurar la localización de grupos criminales.
“Dicho operativo fracasó, los funcionarios de la ATF reconocieron que no podrían rastrearlas y que las armas perdidas durante esta operación continuarán apareciendo en escenas de crímenes a ambos lados de la frontera”, precisó la legisladora.
A su vez, la legisladora Lourdes Quiñones, del PRI, denunció que la SRE haya permanecido omisa al trasiego de armas, a pesar de que se ha reconocido que aquellas han sido identificadas en diversos actos de violencia perpetrados por el crimen organizado, tanto en México como en Centroamérica.
Por parte del PAN, la diputa Adriana González afirmó que tanto en Estados Unidos como en México las investigaciones avanzan con transparencia y de acuerdo a la Ley de Seguridad Nacional en nuestro país; de ahí que apoyen al gobierno federal para sancionar a los responsables y, si es necesario, pedir la extradición de los mismos para que sean juzgados en territorio nacional”.
El diputado José Angelino Caamal Mena (Nueva Alianza) dijo que el operativo Rápido y Furioso pone en evidencia la fragilidad en la frontera, al no existir el control adecuado para impedir la entrada de armamento en un momento de extrema violencia en los estados fronterizos.