En Argentina desde hace unas semanas un tema tiene enfrentado al gobierno de la presidenta Cristina Fernández y al Grupo Clarín. Y es que el próximo 7 de diciembre (7D como se le ha llamado) se cumple el plazo para que el grupo reduzca sus licencias en TV abierta, de paga y en radio, y adecuarse a la nueva ley, señala el gobierno.
Si bien, hace tres años, el Congreso argentino sancionó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y permitió que muchos de sus artículos no fueran aplicados sino hasta el 7 de diciembre de 2012. La fecha se acerca y el tema de la democratización y el cierre de señales insignia vuelve a la discusión.
La contienda entre Estado y Clarín polariza el debate político y puso en agenda temas tabú como los intereses de grandes grupos que subordinan la línea periodística a su renta, o los vínculos económicos del gobierno con empresarios de medios afines a su propuesta.
El artículo 161 de la Ley obliga a los grupos multimedios que exceden el número de licencias de televisión abierta, cable y radio permitidas por la ley, a adecuarse al nuevo marco. Para ello el mayor desprendimiento para Grupo Clarín sería de licencias de TV por cable, de las empresas Cablevisión y Multicanal, de su propiedad.
El pasado 22 de septiembre, el gobierno tiró el primer dardo. Durante los partidos de futbol y carreras de autos de fin de semana, la presidencia lanzó un spot que da la cuenta regresiva para la principal empresa de medios.
Y la respuesta no se hizo esperar, con una campaña en la que aseguran que en dicha fecha no pasará nada, y todo seguirá igual.
El 7D
“Queremos que marques un día importante en el calendario: el 7 de diciembre; o, como vamos a llamarlo desde ahora, el 7D. La D es diciembre, pero también podría ser de diversidad y de democracia”, precisa el aviso oficial.
Esta fecha es producto del fallo de la Corte Suprema sobre la medida cautelar que presentó Grupo Clarín contra los artículos 45 y161.
La diversidad llegará a los medios cuando el Grupo Clarín se achique, asegura el spot que firma la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA).
Sin embargo, el Estado argentino asegura que si no cumple, se abrirá un concurso para adjudicar las licencias que tenga de más el gigante de medios.
“Si el Grupo Clarín se sigue negando a cumplir con la ley, el Estado se verá obligado a llamar a concurso público para adjudicar aquellas licencias que excedan el máximo autorizado por ley, a nuevos titulares que deberán cumplir con todos los requisitos legales, como cualquier hijo de vecino”, anticipa el Ejecutivo en el spot.
Golpe de Estado en los medios argentinos
El Grupo Clarín respondió con su propio spot, en medios propios y ajenos, que quita toda relevancia al 7 de diciembre. Nada cambiará el 8 de diciembre, afirma. Junto con un comunicado en que refutaron punto por punto el spot oficial.
En él anuncio señalan que el juicio por la constitucionalidad del artículo 161 se encuentra aún en trámite y que de no haber sentencia para la cuestión de fondo antes del 7D, pedirán la prolongación de la medida cautelar. De no obtenerla, dicen, hay un año.
La empresa tiene una interpretación del fallo diferente a la del Estado. Para Clarín ese día comenzará a contarse el plazo de un año del artículo 161 para desinvertir, lo que ampliaría hasta el 7 de diciembre pero de 2013, tras las siguientes elecciones legislativas y una nueva conformación del Congreso.
“El Gobierno se cansó de decir que ese artículo no era relevante, de hecho figura como una cláusula transitoria en la ley. Se cansó de decir que la ley no era contra nadie en particular sino para generar nuevas voces, diversidad de opiniones, para darle más participación a los medios comunitarios… Hasta ahora no pasó nada de eso sino todo lo contrario: hay menos diversidad, el Gobierno colonizó más del 80% de los medios audiovisuales de la Argentina, los medios comunitarios fueron excluidos, los concursos de canales de TV fueron cancelados, la TV digital se entregó “a dedo” sólo a los amigos”, precisa el grupo en el comunicado que emitió.
Además, el grupo señaló que el gobierno hizo un gasto millonario con la campaña en su contra. En su principal diario, El Clarín, publicó que en cuatro días de proyección, hasta el 26 de septiembre la difusión del promo habría costado 30.5 millones de pesos debido a que se pautó en los principales programas de televisión abierta.
E igual refieren que además de beneficiar a medios del estado, hubo ganancias para emisoras privadas anlineadas al “kirchnerismo”