Desde 2009 fueron registradas en la Secretaría de Transportes y Vialidad (SETRAVI) camionetas de Televisa, utilizando documentación aparentemente irregular, que les permitía circular sin problemas.
Aunque no existía denuncia en ese momento por ese caso, la Policía Judicial inició al año siguiente una investigación contra Luis Aburto Orozco, ex operador del módulo que control vehicular que operaba en Tlalpan, por estar presuntamente involucrado en la emisión irregular de placas para taxis.
Ahora, ese servidor público está bajo sospecha de ser uno de los principales vinculación con dar de alta las seis camionetas detenidas en Nicaragua y en las que viajaban 18 personas que transportaban 9.2 millones de dólares.
Autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) confirmaron a 24 HORAS que se revisan las altas y bajas de camionetas de Televisa en los últimos años y que se realizaron en las delegaciones de Setravi en Tlalpan, Álvaro Obregón, Venustiano Carranza e Iztacalco.
Por el momento, la dependencia ha localizado, al menos, 10 vehículos dados de alta a nombre de Televisa, entre ellas las seis camionetas aseguradas en Managua, y se continúa el rastreo de otras unidades más.
Hasta ahora la autoridad identificó al menos una camioneta General Motors que fue dada de alta en el 2009, en un módulo de control delegacional, y que no forma parte de las que fueron aseguradas en Nicaragua, el resto que han sido localizadas corresponden a años posteriores.
“Todas estas unidades circularon como camionetas de Televisa por años, salieron del Distrito Federal así, lo hicieron por varios estados y por lo que se sabe cruzaron puntos aduanales sin problemas. Realmente esto se descubre por el aseguramiento hecho en Nicaragua de las personas”, indicaron en la PGJDF.
El Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos que lleva a cabo las pesquisas no ha determinado que los trámites de las camionetas efectivamente fueran ilegales, pues aun se esperan los resultados de los peritajes en documentos copia y grafoscopía.
En su denuncia, la televisora argumentó que ninguno de los vehículos pertenece a su parque vehicular, e incluso dejó abierta la posibilidad de que se hubiera cometido un delito de abuso de confianza, si es que alguno de sus trabajadores o ex trabajadores hubiera facilitado el trámite a nombre de la empresa.
En la PGJDF indicaron que esta semana podrían conocerse los primeros resultados de las averiguaciones, relacionados con el número total de vehículos registrados y si los trámites en efecto fueron ilegales, así como los servidores públicos que estarían involucrados.
Operador bajo sospecha desde el 2010
Aunque la PGJDF ha dicho que no tiene ningún antecedente de los funcionarios que presuntamente participaron en el registro de las unidades, uno de ellos era investigado desde el 2010 por la entonces Policía Judicial, derivado de casos relacionados con emplacamientos de taxis irregulares.
Luis Aburto Orozco, como operador del módulo que control vehicular que operaba en Tlalpan estaba bajo sospecha entonces y ahora, dos años después, se le investiga porque dio de alta, por lo menos, una de las camionetas asegurada en Managua.
Fuentes consultadas de la corporación policíaca indicaron que en julio del 2010 Aburto Orozco fue presentado ante el Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Robo de Vehículos y Transporte de la PGJDF donde rindió una declaración, pero de inmediato quedó en libertad y regresó a trabajar.
La PGJDF informó oficialmente a 24 HORAS que no cuenta con antecedentes que vinculen a Aburto Orozco en algún delito, pues no existe algún expediente consignado en su contra. Sobre investigaciones en las que pudiera estar involucrado en el caso de Nicaragua, la dependencia no dio detalles.
Según el trabajo de investigación de la Policía Judicial, Aburto era responsable de haber registrado irregularmente decenas de placas para taxis irregulares, entre ellas de vehículos con reporte de robo.
El módulo de control vehicular en Tlalpan, ene l que laboraba, fue cerrado el año pasado por SETRAVI, luego de las sospechas de actos de corrupción, pero no se dieron a conocer sanciones de algún tipo.