No hay dolor más grande que la pérdida de un hijo. El drama adquiere tal magnitud que no existe palabra para denominarlo. Hoy, un miembro de la alta clase política lo vive en carne propia. Humberto Moreira, el gobernador que con documentos falsos sobreendeudó a su estado, el presidente del tricolor que se burlaba del mundo, padece el dolor de miles de mexicanos. Había librado todo, hasta que le pegaron donde más duele.
La señal parece aquella del refrán: “Cuando veas las barbas de tu vecino pelar, pon las tuyas a remojar”. No se sabe aún que sucedió. Unos culpan a Humberto por pactar, otros a Rubén por confrontar. Quién sabe a quién se dirigía la represalia, pero fue Humberto el inmediato afectado. El riesgo es pensar que esto es un caso aislado porque parece la gestación de una nueva estrategia de intimidación.
La muerte de José Eduardo Moreira pudiera ser una señal de escalada de violencia. Las masacres multitudinarias no han tenido consecuencias más que para las víctimas que, a su vez, son menospreciadas. Pocos crímenes se esclarecen. Más que investigaciones hay declaraciones de supuestos testigos. Pero los gobernantes (de los tres órdenes) no modifican su actuar.
Los gobernadores subestimaron a la sociedad y a los criminales. El gobierno federal los confronta en público, pero los avala implícitamente, como cuando ayuda a los bancos (que prestan sin garantía y/o con documentación falsa) a reestructurar sus deudas. Las administraciones locales extrajeron recursos públicos con la tranquilidad de saber que nadie los castigaría. La señal fue que las investigaciones se dan por rencillas políticas, mientras la impunidad estatal se mantuvo intacta. Pero al parecer el modelo se agotó. Si el estado no castiga, alguien ha tomado la decisión de hacerlo.
Se desprenden de aquí dos lecciones que tendrán que ser analizadas con más detalle. Primero, para ordenar la casa, la relación Federación-estados tiene que cambiar. Debe desarrollarse un esquema de cooperación con reglas claras y consecuencias que obliguen a ambas partes a cumplir. Se requiere, también, un rumbo común que incentive a ambos a trabajar en la misma dirección.
Los gobernadores tienen que reducir su soberbia (sus crisis financiera y de seguridad han ayudado en ello). El gobierno federal debe diseñar una estrategia consistente de cooperación y con límites claros. Pueden fomentar la recaudación local para desarrollar el vínculo entre gobernados y gobernantes y mejorar la rendición de cuentas. Pueden también limitar el aval implícito al abuso de la deuda y castigar los excesos con la quiebra.
Segundo, está el diseño de la estrategia de seguridad. Los anuncios del equipo de transición insisten en la creación de grupos policiales para erradicar criminales. La señal es que será la fuerza lo que predomine sobre el ejercicio de la ley.
Ya existe una policía grande y sofisticada, pero carece de contrapeso una procuraduría independiente capaz de investigar y fundamentar el actuar de la fuerza. Justicia es que los delincuentes, no cualquier otro, asuman las consecuencias de sus actos. La ley tiene que tomar un lugar en la guerra. Eso es imposible cuando los acuerdos políticos o las encuestas de opinión sustituyen su aplicación.
Si la muerte del joven Moreira es un mensaje, más vale que la nueva administración entienda que si quiere resultados diferentes tiene que dejar de hacer lo mismo. Urge fortalecer la procuración de justicia que el panismo devastó, antes de que llegue el crimen a su casa.