A 22 meses de que el gobierno de México comenzó las investigaciones relacionadas con el operativo Rápido y Furioso, sigue sin conocer oficialmente cuáles y cuántas armas fueron introducidas por la frontera norte con el consentimiento de las autoridades estadunidenses, qué funcionarios participaron y qué crímenes se cometieron con ellas.

 

Esto, porque según la Procuraduría General de la República (PGR), los Estados Unidos se ha negado en repetidas ocasiones a dar cualquier información bajo el argumento de que se trata de datos relacionados con una investigación que ellos tienen abierta y que, darlos a conocer, podría “poner en riesgo” su éxito.

 

En entrevista, el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, Alejandro Ramos Flores, indicó que desde principios de 2011 a la fecha han enviado siete requerimientos de asistencia jurídica al Departamento de Justica, solicitándoles, entre otras cosas, el listado del armamento que se introdujo al país.

 

“La relación misma de las armas que pudieran haber estado comprendidas en este operativo es materia de una asistencia jurídica que hasta el momento no ha podido ser desahogada, en virtud de la reserva que el Departamento de Justicia tiene mientras tengan en curso sus investigaciones”, dijo el funcionario.

 

De igual forma, los Estados Unidos tampoco le han enviado a la PGR los datos de los funcionaros de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF por sus siglas en inglés) que participaron en el operativo, de sus declaraciones ministeriales, ni de los avances de las líneas de investigación.

 

Lo único que le han facilitado a México son las versiones de las declaraciones públicas que han hecho funcionarios estadunidenses ante el Congreso de ese país, así como la normativa penal que tipifica el tráfico de armas como ilícito en ese país.

 

Sin rastros

 

Ramos Flores aclaró que debido a esto, la PGR no tiene elementos que le permitan corroborar si las armas utilizadas en homicidios de alto impacto, como el de los jóvenes de Villas de Salvarcar, en Ciudad Juárez, provinieron efectivamente del operativo de la ATF.

 

“De tal forma que no hay documentos que nos permitan comparar las armas (…) no es posible decir que el arma que se aseguró en alguna escena del crimen forme parte de las que fueron introducidas ilegalmente al país”, indicó el subprocurador.

 

Según los datos de la PGR, luego de que se conoció del operativo Rápido y Furioso, en diciembre del 2010, tras el homicidio del policía fronterizo Brian Terry, se iniciaron tres averiguaciones, una por el tráfico de armas en la SIEDO y dos mas relacionadas con delitos de funcionarios extranjeros o mexicanos. Ninguna reporta avances significativos.

 

El subprocurador precisó que el sistema E-Trace, al que tiene acceso la PGR, permite rastrear el punto donde fue adquirida un arma, pero no es posible cotejar si pertenece al operativo pues México no tiene el listado.

 

Cierra PGR oficina por petición de ATF

 

La oficina de enlace que la PGR tenía abierta en la sede central de la ATF en Phoenix, Arizona, fue cerrada a principios de año a petición de la dependencia estadunidense, en el marco de una reorganización de funciones derivado de la investigación por el caso Rápido y Furioso.

 

Ramos Flores negó las versiones surgidas, sobre todo en Estados Unidos, respecto a que el titular de dicha oficina de enlace, Carlos Fernando Luque Ordoñez, o cualquier otro funcionario mexicano, supiera con antelación de la puesta en marcha de este operativo.

 

El subprocurador dijo que su oficina de enlace que estuvo en funcionamiento de diciembre del 2008 a enero del 2012, era la de ser un “puente” de información para diversos temas de interés entre la ATF y la PGR, pero carecía de facultades para tomar decisiones operativas o autorizar cualquier tipo de investigación.