Después de dos años de trámite legislativo, con 111 votos a favor y cero en contra, fue aprobada por el Senado de la República la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita la cual permitirá perseguir y sancionar el lavado de dinero.
La llamada ley antilavado obligará a que empresas privadas informen a autoridades federales sobre operaciones como emisión de tarjetas de crédito, otorgamiento de préstamos, comercialización de inmuebles, compraventa de metales preciosos, joyería y relojes, venta de vehículos nuevos, así como la contratación de servicios contables y jurídicos.
Dicha ley permitirá el fortalecimiento de la coordinación entre la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y un área creada específicamente para este propósito de la Procuraduría General de la República para intercambiar información y facilitar el seguimiento de operaciones inusuales.
Además, la reforma busca armonizar a México con el extranjero, por lo que recoge criterios, reglas y esquemas concertados en la comunidad internacional para combatir el lavado de dinero.
Dicha iniciativa fue propuesta en 2010 por el presidente Felipe Calderón como parte de la estrategia delineada durante el sexenio para luchar en contra de las células criminales.
Ésta fue enviada al Senado en su facultad de Cámara de origen, pasó a la Cámara de Diputados en donde fue revisada, modificada y votada con 343 votos a favor, tres en contra y siete abstenciones y ahora regresa a la Cámara Baja, de donde pasará al Ejecutivo para ser publicada en el Diario Oficial de la Federación y entrar en vigor.
Durante su intervención en tribuna, el senador panista Roberto Gil Zuarth reconoció la labor del Congreso de la Unión, ya que, aseguró, esta ley es producto del trabajo político y de la disposición al acuerdo entre las fuerzas políticas.