La tortura y los malos tratos constituyen una práctica “sistemática y generalizada” que se ha incrementado “considerablemente” en los seis años de gobierno de Felipe Calderón en el marco del combate al crimen organizado, según el informe presentado por Amnistía Internacional (AI).

 

Los datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), recogidos en el informe, muestran un incremento superior a 300 %, ya que en 2007 se presentaron 392 denuncias mientras en 2011 alcanzaron mil 669, unas cifras que según el director de Amnistía Internacional México, Alberto Herrera, esconden una situación aún más grave.

 

“Debido a que la CNDH sólo está a cargo de intervenir cuando existen funcionarios públicos federales presuntamente responsables de la comisión de abusos, podemos concluir que estas cifras revelan apenas una pequeña parte de la realidad”, indicó durante la presentación del documento.

 

Agregó que el gobierno federal reconoce que alrededor de 90 % de los delitos se cometen en el fuero común (estados y municipios) y se conoce de casos de torturas en las 31 entidades federativas y el Distrito Federal, lo que muestra que ésta es una práctica “generalizada” y “sistemática” en el país.

 

Además, alertó de la existencia de un elevado número de casos que no se denuncian por la falta de confianza en un sistema de justicia que, según el informe, procura impunidad a los responsables y “expone a las víctimas y a los testigos a sufrir represalias”.

 

De acuerdo con el reporte Culpables conocidos, víctimas ignoradas, el aumento de los casos de tortura y malos tratos se ha producido en un contexto de “severa crisis de seguridad pública” en la que más de 55 mil personas han sido asesinadas y al menos 160 mil se han desplazado por la violencia entre cárteles.

 

AI documenta numerosos casos de tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos por personal militar y agentes federales, estatales y locales en un informe que presentará ante el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, que examinará en noviembre el cumplimiento de los compromisos de México.

 

“Aunque no es posible asegurar que el dramático incremento se deriva de una instrucción oficial, es evidente que los procedimientos oficiales o modelos de operación instalados tienen como consecuencia esta realidad”, aseveró Herrera.