El 23 de abril, el presidente Felipe Calderón presentó los protocolos de seguridad para el uso de la fuerza, cuyo objetivo fundamental es proteger los derechos humanos en las acciones de la autoridad.

 

Sin embargo, en el caso de la muerte de Heriberto Lazcano Lazcano, el pasado domingo en el municipio de Progreso, Coahuila, este protocolo no se cumplió, pues el cadáver recibió seis impactos de bala, desde tres direcciones distintas.

 

Se supone que con dichos protocolos, tanto las policías federales y ministeriales como soldados y marinos tienen guías puntuales para su actuación en los enfrentamientos con criminales, o cuando son objeto de agresiones directas o en enfrentamiento por parte de éstos.

 

Así, la fuerza pública será utilizada en la magnitud, en la intensidad y en la duración que sea requerida en cada caso y dependiendo de la amenaza a la que los policías, los soldados o marinos se estén enfrentando.

 

“En todo momento se privilegiarán las acciones disuasivas que no impliquen el uso de armas letales”, aseveró Calderón.

 

Sin embargo, en la refriega donde murió El Lazca, los marinos abatieron a dos de los tres ocupantes de una camioneta con armas largas.

 

De acuerdo al Código Penal, los marinos que participaron en los hechos en que perdieran la vida Heriberto Lazcano y su acompañante Mario Albert Rodríguez, deben ser sometidos a una investigación por parte de PGR o la Procuraduría Militar, para descartar que hubieran cometido un asesinato al utilizar las armas sin justificación.

 

Podrán ser liberados y absueltos de cargos si se demuestra que la fuerza empleado fue en legítima defensa, se encontraban en un estado de necesidad (debían actuar para preservar su vida) o en cumplimiento de un deber (porque existía la necesidad de disparar contra las dos personas).

 

Esta es la segunda ocasión en que se violan estos protocolos de seguridad, pues el 24 de agosto policías federales emboscaron a tres agentes de la CIA y un capitán de la Marina a la altura del poblado de Tres Marías.

 

Tras la recreación de los hechos en la carretera federal México-Cuernavaca y con apoyo de al menos cuatro grabaciones, se pudo corroborar que los policías federales que participaron en los hechos violaron sus protocolos de actuación al disparar.

 

De acuerdo con el peritaje, los federales no mediaron la agresión aun cuando la unidad diplomática no representaba riesgo para los policías.

 

 

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