Mediante un edicto publicado hoy en un diario de circulación nacional, la Procuraduría General de la República (PGR) dio un plazo de 90 días a los ex gobernadores Tomás Yarrington Ruvalcaba y Eugenio Hernández, y a otros nueve socios o ex colaboradores, para que en un plazo no mayor a 90 días, acrediten ante el Ministerio Publico la legal propiedad de diversos bienes.
Entre las propiedades destaca la denominada “Isla Frontón” frente a las costas de Veracruz, y que presuntamente fue adquirido por Yarrington a través de un prestanombres identificado como Antonio Peláez Pier.
Otros bienes que se encuentran asegurados son un departamento en Polanco y una propiedad en Matamoros a nombre de Yarrington, así como cuatro cuentas bancarias. De los bienes de Hernández, destacan una casa y un rancho en inmediaciones de Ciudad Victoria, y cuatro cuentas bancarias con casi 2.5 millones de pesos.
También hay otras propiedades y cuentas bancarias de personas cercanas a los ex gobernadores, entre ellos el ex líder estatal del PRI en Tamaulipas, Ricardo Gamundi Rosas, así como el empresario Fernando Cano Martínez, este último señalado como el principal prestanombres de Yarrington.
Todas las propiedades y demás bienes fueron asegurados por la PGR, en el marco de las investigaciones por la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/012/2009 abierta en contra de Yarrington, Hernández y compañía, por haber lavado recursos ilegales provenientes del narcotráfico, en favor de la organización delictiva Golfo/Zetas.
Si las personas requeridas no acreditan la legal posesión de los referidos bienes ante el Ministerio Público en el referido plazo, el edicto establece que se aplicará la figura del abandono y su propiedad pasará a manos del Estado.
Al menos en el caso de Yarrington se estima poco probable que se presente a reclamar lo que se le ha asegurado, pues actualmente es prófugo de la justicia, luego de que se giró una orden de aprehensión en su contra por delitos contra la salud.