Durante años se ha señalado al Instituto Federal Electoral (IFE) de ser un órgano que cuesta mucho dinero: a primera vista, los 15 mil 953.9 millones de pesos que se le asignaron en 2012 podrían darle la razón a esa afirmación, no obstante, el ex consejero electoral Rodrigo Morales Manzanares, tiene una perspectiva diferente.
La gran carga de atribuciones del IFE, explica, determina las necesidades de financiamiento. En la actualidad es un error dividir el presupuesto total entre el número de personas que votó cuando hace 20 años la tarea del IFE era organizar elecciones y soportar el registro electoral.
En 1996 comenzaron las transformaciones institucionales con la fiscalización a los recursos de los partidos; en 2005 se le encargó la organización del voto de los mexicanos en el extranjero. Durante la reforma electoral de 2007-2008 se le encargaron 53 nuevas tareas entre las que destacan la administración y vigilancia de los tiempos del Estado en radio y televisión; la expedición de una nueva credencial para votar con mayores elementos de seguridad; la instauración de un procedimiento expedito para la justicia electoral; el recuento, en tiempo perentorio, de un número significativo de paquetes electorales en cada elección federal; la instalación de una Contraloría General completamente autónoma, la creación de una nueva unidad, con autonomía técnica para la fiscalización de los recursos de los partidos políticos y las nuevas facultades que convierten al IFE en autoridad también en elecciones locales.
El ex consejero señaló como ejemplo dos tareas que en realidad tendría que hacer el Estado, la primera, tiene ver con el registro de población, y la segunda auditor y encargado de los castigos políticos.
En dos estudios, El IFE y el costo de la vida democrática en México y El costo de la democracia. Elementos para una revisión integral, el analista señala que la medición de cuánto cuesta la democracia mexicana se tiene que analizar con mucho cuidado, porque si no se utilizan los parámetros adecuados el resultado llevará a conclusiones falsas.
A partir de un estudio elaborado en 2010 por el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), en el que se señalaba que el gasto electoral en México había sido el más alto en América Latina, Morales explica que a menudo se hace el cálculo de cuánto cuesta el sistema a partir de sumar el presupuesto del IFE más las prerrogativas de los partidos, y en ocasiones se suma el presupuesto del Tribunal Electoral, eso se divide entre la cantidad de votos y se obtiene un promedio de costo por sufragio.
Es necesario aclarar que ese cálculo incluye en un mismo concepto el gasto operativo del IFE más las prerrogativas para los partidos, cuando éstas en realidad son determinadas por una fórmula establecida en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) y a la institución sólo le corresponde entregarlos.
El IFE de hace 20 años no es igual al que hoy tenemos, por eso en el tema de la organización que es su función primordial, el gasto se tiene que comparar elección tras elección en la organización, capacitación, administración y mantenimiento de sistemas de información, indica.
A lo largo de los años el órgano ha logrado ser más eficiente en la colocación de casillas, de 1990 a la fecha, ha mejorado su organización de las elecciones e incluso en la actualidad, con menos dinero, logra colocar más casillas, organizar a más ciudadanos y recibir más sufragios, su función original.
Según el Instituto, el costo de instalación de una casilla en 2003 fue de 44 mil 988 pesos. Si se toma en cuenta que el IFE destinó 4 mil 133 millones de pesos para gastos del proceso electoral 2011-2012, y se divide entre las más de 143 mil casillas instaladas el 1 de julio, se encuentra que en 2012 el costo unitario de las mesas receptoras fue de 28 mil 800 pesos.
Gastos al alza
En 1996, con la reforma electoral que dio autonomía al IFE, se aprobó un principio que explica en buena medida el costo de las elecciones en el país: a partir de ese momento, el financiamiento público se convirtió en la fuente principal de ingresos de los partidos y su repartición se hizo en forma equitativa.
“De esa suerte, con el efecto de esa sola medida, el presupuesto que el IFE entregó a los partidos políticos se incrementó en más de 600% (precios constantes) y de modo duradero, al pasar de 201 millones en 1994 a 2 mil 111 millones en 1997”.
Desde ese momento y hasta que se aprobó la reforma de 2007-2008, el financiamiento a los partidos creció hasta alcanzar 4 mil 600 millones de pesos en 2003, ya que 11 institutos políticos participaron en los comicios.
En las presidenciales de 2006, la cantidad de dinero entregado a prerrogativas disminuyó, ya que se gastaron 3 mil 528 millones de pesos, porque hubo menos partidos involucrados, y en las de 2009 hubo otra reducción, hasta los 2 mil 669 millones, debido a que la reforma de 2007-2008 se enfocó a reducir el gasto partidista en medios de comunicación.
Los promotores de esa reforma, como Manlio Fabio Beltrones, señalaron que era necesario cambiar el modelo de comunicación política porque la mayoría del gasto de campaña se destinaba a spots en radio y TV, al grado de que en 2006 se destinaron para ese rubro mil 678 millones de pesos.
Aunque la lógica indicaría que al prohibir la compra de spots a los partidos y particulares el costo del aparato electoral se reduciría, éste se mantuvo en los mismos niveles por el aumento de responsabilidades que le fueron asignadas al árbitro.
En el Congreso y entre los especialistas ya se escuchan las voces que hablan de la necesidad de una nueva reforma electoral, en ese contexto, Morales Manzanares invita a los legisladores a analizar si el IFE será capaz de recibir más tareas que no le corresponden, desviando el objetivo principal con el que fue creado.
El IFE gastó mil 990 pesos en 2012, una nómina que alcanza 92 mil 439 empleados. En éste gráfico se puede ver cómo se distribuye ese presupuesto entre el personal del IFE.