La muerte y robo del cuerpo de Heriberto Lazcano demuestra la descoordinación que existe en el Estado mexicano para enfrentar al crimen organizado, así como la falta de protocolos y el uso de técnicas de investigación para deslindar responsabilidades. En este triste episodio llama la atención la ausencia de la PGR y los agentes del Ministerio Público Federal.

 

En el 2009, la PGR, ante el aumento en la incidencia delictiva, decidió dejar de investigar los homicidios relacionados con el crimen organizado y turnarlos a los gobiernos estatales. Sin embargo, nunca emitió un protocolo, no estandarizó procesos y mucho menos desarrolló un sistema para recabar la información de los homicidios. Lo más grave aún es que las investigaciones quedan en el limbo, ya que la PGR argumenta que son “problemas locales” y las procuradurías estatales al encontrar cualquier indicio de crimen organizado congelan los expedientes, en espera de la “colaboración” de autoridades federales.

 

Esta decisión sólo fomentó la impunidad, ya que ante la falta de supervisión, los asesinatos se quedaban sin investigar y los homicidas saben que la probabilidad de ser enjuiciado es nula. A esto habría que agregar la falta de técnicas periciales, el mal manejo en la recolección de evidencia y la falta de sistematización de la información para crear bases de datos.

 

En 2010, ante la escalada en el número de víctimas, el CENAPI tuvo que enviar analistas a los estados para crear una base de datos de asesinatos relacionados con el crimen organizado y aún así las cifras del INEGI, PGR y procuradurías estatales tienen graves diferencias. Hoy no sabemos a ciencia cierta cuánta gente es asesinada en México.

 

La muerte de Heriberto Lazcano demuestra que la desarticulación y desconfianza entre las dependencias del gobierno federal es cada día más fuerte. Una patrulla de la Marina-Armada de México tiene un enfrentamiento donde mueren dos agresores y el Ministerio Público Federal no se aparece. Ni por tratarse de la Marina ni por estar en Coahuila, donde la Secretaría de Gobernación había anunciado una ofensiva del Estado Mexicano ante el asesinato del hijo del ex gobernador Humberto Moreira.

 

Al declarar la muerte de Heriberto Lazcano por unanimidad, la PGR dejará de buscar su cuerpo, pero también dejarán de buscar sus activos financieros y propiedades. Al día de hoy no hay un esfuerzo que este detrás de las propiedades, dinero y cuentas bancarías de uno de los capos más violentos en el país.

 

Por procesos judiciales en el extranjero sabemos que la organización de los Zetas tenían cuentas millonarias en el banco caribeño de Stanford, cuyos activos están congelados por el gobierno de los EE.UU., a su vez las recientes investigaciones criminales que conduce el FBI desarticularon un negocio de compra venta de caballos y así como varias propiedades. También en Italia se les han confiscado casas, vehículos y bodegas.

 

Una estimación conservadora calcula que Los Zetas tenían la capacidad de vender por lo menos 400 toneladas de cocaína a EU y 100 a Europa, con utilidades promedio de $10,000 dólares el kilo. Esto genera por lo menos $5 mil millones de dólares de una línea de negocio, que si aplicamos un margen de utilidad del 20% equivale a mil millones de dólares al año. ¿Dónde están esos bienes, donde esta el dinero? ¿Qué habrá hecho Heriberto Lazcano con las ganancias de más de 14 años de vender estupefacientes, piratería y traficar con personas? Eso no lo va a poder resolver la Procuradora Marisela Morales, ya que los Agentes del Ministerio Público Federal siempre llegan tarde y los elementos de su policía ministerial no cuentan con la capacidad de llevar acabo investigaciones de lavado de dinero o búsqueda de activos. Ellos al igual que la policía federal, sólo se roban lo que encuentran en los cateos.