Londres. El británico Gary McKinnon, reclamado por las autoridades de Estado Unidos tras haber accedido a ordenadores del Gobierno, no será extraditado a ese país por razones humanitarias, anunció hoy la ministra de Interior, Theresa May.

 

McKinnon, conocido por el ataque informático más significativo a los sistemas del ejército estadounidense y de estaciones espaciales, llevaba varios años luchando contra su extradición. El hacker que operaba bajo el seudónimo “Solo” sería condenado a unos sesenta años de cárcel.

 

Sin embargo, en una declaración parlamentaria, May informó de que el Gobierno había decidido no extraditarle por razones humanitarias puesto que padece el síndrome de Asperger (una forma de autismo) y había riesgo de que pudiera suicidarse si era entregado a EU.

 

May dijo que, tras recibir asesoramiento legal y revisar los informes médicos, concluyó que McKinnon está “seriamente enfermo” y su extradición es “incompatible” con sus derechos humanos, pues existiría el “riesgo de que terminara con su vida”.

 

Al mismo tiempo, la titular de Interior informó en la Cámara de los Comunes de que ha instado al fiscal general, Keir Starmer, a decidir si McKinnon ha de ser juzgado en el Reino Unido.

 

McKinnon, que se le diagnosticó en 2008 el síndrome de Asperger, admitió haber accedido ilegalmente a 97 ordenadores gubernamentales entre febrero del 2001 y marzo del 2002, entre ellos máquinas de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA), el Ejército, la Marina, el Departamento de Defensa y la Fuerza Aérea.

 

En una entrevista con la cadena BBC en 2006, el escocés McKinnon, aseguró que su objetivo era encontrar pruebas de la existencia de ovnis.

 

El pirata cibernético fue detenido en 2002 pero liberado bajo ciertas condiciones al tiempo que luchaba para evitar su extradición a EUU.

 

En el año 2006, el entonces ministro británico del Interior laborista, John Reid, ordenó su extradición a EUU.

 

A partir de entonces, el hacker perdió todos los recursos presentados en la Cámara de los Lores, el Tribunal Superior y la Corte Europea de Derechos Humanos.

 

La decisión de la titular de Interior abre la puerta a una posible reforma el sistema de extradiciones entre Reino Unido y Estados Unidos, firmado en 2003, para que, en casos similares al de McKinnon, los acusados puedan ser juzgados en suelo británico.