Según el diario Reforma, el presidente electo, Enrique Peña Nieto, buscará reducir 50% los homicidios y secuestros en su primer año. Desconocemos la estrategia para lograrlo, pero sobresale el uso de cifras concretas. Si proponen una reducción específica de dichos delitos, habrá que suponer, que saben cuantos ocurren mensualmente y donde. Para que sus resultados sean creíbles tendrán que decirnos cual es el número que pretenden reducir.
El dato es relevante porque el actual gobierno ha optado por la opacidad. El número de secuestros y homicidios es producto, principalmente de conteos y estimados de periódicos y analistas. No se sabe cuántos muertos o desaparecidos hay, ni quien los mato. Se desconoce si eran inocentes, delincuentes, sicarios, pandilleros, mexicanos o migrantes. No hay expedientes, ni investigaciones, ni juicios legales, solo hay spots de radio y televisión que repiten un par de nombres y sus alias.
El uso de datos duros (50%) muestra la intención de trabajar el tema de la violencia sobre la base de información real y no mera propaganda. Genera la expectativa de que sustituirán el desfile de presuntos criminales por resultados concretos que beneficien a la población.
La información precisa es fundamental para desarrollar estrategias y demostrar resultados. Sirve para dimensionar el problema en cada región. Permite incorporar a la sociedad en el trabajo de combate a la delincuencia, los ayuda a estar alertas y los invita a aportar soluciones locales. Los datos duros son la materia prima para desarrollar estrategias, policiales y sociales en las zonas de conflicto y estrategias preventivas en zonas de paz. Su ausencia abre la puerta al abuso.
Santiago Roel, en su libro “orden y Caos” muestra como los sistemas pueden ordenarse con información. Describe la metodología del semáforo delictivo y su impacto en el desarrollo de soluciones. La clave, argumenta el autor, está en romper el viejo paradigma de negar los problemas, porque publicarlos genera soluciones participativas. Con el semáforo delictivo, los datos se convierten en información pública útil y relevante. La información preocupa y ocupa a los gobernantes, y eleva la inteligencia preventiva de la comunidad y su capacidad de reacción. Publicar la incidencia delictiva de manera entendible y constante (mensual) presiona al sistema en la dirección correcta.
El seguimiento a dichos indicadores pone a prueba las estrategias: si hay buenos resultados, la intervención se estandariza, de lo contrario, se cambia. Se sustituye la estrategia perfecta, inamovible y generalizada, por estrategias flexibles que permiten a las instituciones adecuarse a las cambiantes condiciones regionales y sociales.
Los indicadores públicos sirven también para evaluar a los funcionarios. Generan presión para que den resultados reales, más allá de los spots o grillas de gabinete. El éxito del funcionario dependerá de la evolución del número de homicidios o secuestros no del abrazo del presidente.
Como muestra Fernando Escalante en su ensayo “crimen organizado, la dimensión imaginaria” de la revista nexos de este mes, la estrategia de Calderón se volvió una apología del crimen y su mercadotecnia. Se construyó un problema nacional y se abandonó la problemática local. Peña Nieto promete eficacia y eficiencia. Si su compromiso es real, el uso de indicadores claros y públicos será una pieza clave para demostrar que va en serio su “cambio con rumbo”.
Lo que no se mide, no se puede transformar. Sin datos, las promesas acaban en mentiras.