El PAN y el PRI en el Senado exigieron a la Contraloría del Distrito Federal investigue la asignación de contratos a las asociaciones civiles Honestidad Valiente y Austeridad Republicana, afines al ex candidato de las izquierdas, Andrés Manuel López Obrador, hechas por 19 dependencias del gobierno local.

 

“Exigimos que el jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, permita la fiscalización oportuna y adecuada al esquema de financiamiento que presumiblemente favoreció la campaña presidencial de López Obrador en el proceso electoral 2012, y lo debe hacer sin cortapisas y a la brevedad posible”, afirmó la senadora panista Gabriela Cuevas.

 

El 6 de septiembre pasado, Cuevas presentó un punto de acuerdo ante el Senado en el que pedía al Gobierno del Distrito Federal se investigaran los contratos que otorgó la administración local a las empresas SAB Desarrollo y Transparencia, AFK Comunicación Creativa y AAR Consultores de Negocios, por posibles triangulaciones financieras para llevar dinero público del GDF a la campaña de López Obrador.

 

La empresa SAB fue fundada por Héctor Muñoz Ibarra, presidente de la asociación Austeridad Republicana; AFK, por Marcela García, contadora de Honestidad Valiente, que financió las actividades de López Obrador, mientras que AAR fue formada por personas que también fondearon las actividades de Honestidad Valiente.

 

A la demanda se sumó el Grupo Parlamentario del PRI, a través de la senadora priista Ana Lilia Herrera; ambas pidieron que el presidente de la Comisión del Distrito Federal, Mario Delgado, a la cual fue turnada dicha petición, se abstenga de participar en la dictaminación debido a que éste mostró una “posición parcial” al asegurar que las investigaciones de la Contraloría General del Distrito Federal ya habían concluido sin haber encontrado observación alguna.

 

“Se localizó el expediente CG/DGAJR/DQD/D/325/2012 radicado en el año 2012 con motivo de una investigación relacionada con los contratos otorgados por dependencias del Gobierno del Distrito Federal a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y a las delegaciones Iztapalapa y Coyoacán a las empresas SAB Desarrollo y Transparencia, AFK Comunicación Creativa y AAR Consultores de Negocios, el cual se encuentra en etapa de investigación sin que a la fecha se haya emitido una resolución definitiva”.

 

Herrera aseguró que durante cinco años dichas empresas gozaron de contratos que les reportaron cerca de 110 millones de pesos, con los cuales no sólo se beneficiaron de la administración capitalina sino de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

 

“El grupo parlamentario del PRI considera que esta investigación debe realizarse para esclarecer si fue en apego a la ley la generación de estos contratos, para descartar que hayan servido para financiar movimientos políticos o incluso campañas políticas, para liberar de cualquier duda al Gobierno del Distrito Federal y de Marcelo Ebrard, para fortalecer desde el principio y dejar claro el compromiso que tiene con la transparencia el senador Mario Delgado, presidente de la Comisión de Distrito Federal”, afirmó la priista.

 

A principios de mes, cuando se presentó dicho punto de acuerdo, tanto Cuevas como Delgado subieron en varias ocasiones a tribuna para reprocharse por las acusaciones y defender al Gobierno del DF, respectivamente.