Las playas de Rosarito, Baja California, ya no serán sede del VI Congreso Nacional Extraordinario del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE), por lo que el encuentro del magisterio será en Cancún, Quintana Roo, a partir de este jueves y hasta el sábado 20 de octubre.
El SNTE argumentó que el cambio de sede obedece a que al hotel de Baja California canceló el contrato de servicios, por eso se eligió un hotel de la Riviera Maya ubicado en el kilómetro 266.3 de la carretera Chetumal-Puerto Juárez, municipio de Solidaridad (Playa del Carmen).
Una caravana de maestros disidentes del SNTE partió el domingo hacia Baja California con el objetivo de boicotear el congreso y hacer que sus posturas se escucharan.
La temática del organismo que encabeza la maestra Elba Esther Gordillo tendrá como ejes principales la transparencia, una nueva propuesta educativa (que se le presentará a Enrique Peña Nieto) y la reforma al estatuto vigente del sindicato, el cual no se modifica desde 2004.
Fuentes cercanas al Comité Ejecutivo Nacional del SNTE indicaron que el retiro de Gordillo a la dirigencia del magisterio, uno de los anuncios que supuestamente se haría en el congreso, podría posponerse toda vez que aún no se tiene el perfil de quién podría suplirla.
Entre los candidatos que se encuentran en la lista están la profesora Silvia Luna, ex candidata del Panal al Senado, o Juan Díaz de la Torre, actual secretario general, quienes además forman parte del CEN. Aseguran que el retiro de la maestra Gordillo no se debe a problemas de salud, sino simplemente al cansancio y desgaste físico que ha tenido durante su mandato, de más de dos décadas, al frente del magisterio.
En las discusiones se abordará la transparencia, ya que durante el debate por las reformas a la Ley Federal del Trabajo el sindicalismo ha sido objeto de críticas y de señalamientos por las diversas fuerzas políticas; los profesores del país se darán a la tarea de analizar si su organismo dejará la opacidad por la rendición de cuentas, tal como lo han propuesto el Instituto Federal de Acceso a la Información y la Suprema Corte de Justicia.