Exigir transparencia y rendición de cuentas sobre el uso de los recursos públicos que gestionan los funcionarios públicos de los gobiernos estatales y municipales es una demanda a la que nadie, en su sano juicio, se opone públicamente.

 

Exigir transparencia y rendición precisa de cuentas a los funcionarios del gobierno federal, por los recursos fiscales que captan y gastan a través del presupuesto federal aprobado por el Congreso de la Unión y fiscalizado por la Auditoría Superior de la Federación, es una práctica deseable en el balance de poderes de nuestra democracia.

 

Exigir transparencia y rendición de cuentas a los directivos de las empresas que reciben recursos de los inversionistas a través del mercado de valores es una obligación que reside en leyes que hacen ver a México como una economía con un sistema financiero moderno y confiable.

 

Exigir transparencia y rendición de cuentas de los recursos públicos que reciben organizaciones civiles y no gubernamentales es una práctica generalizada y deseable que nadie cuestiona.

 

Sin embargo, cuando se trata de establecer reglas de transparencia y de rendición de cuentas generales y de sentido común en las organizaciones sindicales debido a los recursos que reciben de sus agremiados y de los recursos públicos que provienen del gobierno federal o de los gobiernos estatales, pareciera ser que estamos frente ante una gran excepción.

 

En la discusión legislativa sobre la democracia sindical que propone la Ley Federal del Trabajo no se trata de coacción de libertades sindicales, ni de violaciones a la Constitución, como se quiere hacer creer, sino de responsabilidades básicas sobre el uso y destino de los recursos públicos.

 

Evidentemente que algo esconden los dirigentes de una organización gremial, cualquiera que ésta sea, cuando se ofenden porque una ley establece mecanismos generales de transparencia en la toma de decisiones, en la rendición de cuentas de los recursos que administran, o por elegir de forma libre, directa y secreta a sus dirigentes.

 

La aspiración de unos cuantos de “vivir en la excepción” ha sido históricamente el gran fraude de la pretendida democracia política y de la democracia económica de mercado en México. Junto al estado de excepción en que viven los oligopolios empresariales consumiendo rentas y junto a los sectores económicos protegidos por las “excepciones” de las leyes tributarias, están los dirigentes sindicales que ahora pelean y amenazan porque va de por medio seguir viviendo “en la excepción”.

 

SÍGALE LA PISTA…

 

ABUSOS AL CONSUMIDOR. El 6 de agosto pasado le conté que uno de los casos de abuso con los consumidores es el cobro que hace Telmex a sus clientes de una tarifa mensual por pedir que el número telefónico no aparezca en el directorio, cuando éste es un dato personal que el ciudadano decide libremente si lo mantiene en reserva o no. Afortunadamente, el jueves pasado Cofetel, Profeco e IFAI anunciaron que desde el 28 de septiembre Telmex ya no cobra más esta tarifa. Bien. Ahora valdría la pena aplicar la misma Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares a Telcel, cuyos vendedores se han convertido en una pesadilla para los clientes a quienes les hablan a cualquier hora para venderles todo tipo de planes y servicios.

 

samuel@arenapublica.com | @SamuelGarciaCOM | www.samuelgarcia.com