PROGRESO. Cada domingo, unas 100 personas se congregan para jugar béisbol en un terreno polvoriento marcado solamente por un montículo y gradas oxidadas. Es el acontecimiento de la semana en este pequeño pueblo de 800 habitantes en el norte de México que sólo tiene una gasolinera y no cuenta con supermercado, banco ni escuela secundaria.
Pese al nutrido grupo de peloteros y espectadores, nadie está dispuesto a admitir que estaba allí la tarde del 7 de octubre ni que vio el tiroteo en las afueras del campo de béisbol en el corazón del estado de Coahuila. Infantes de Marina mexicanos mataron a tiros a Heriberto Lazcano, “El Lazca”, un fundador y líder del cártel de los Zetas. Es el capo de mayor importancia en ser abatido en la guerra contra el narcotráfico lanzada hace seis años por el presidente Felipe Calderón.
Días más tarde, nadie siquiera admitió haber estado en el partido. “No nos gustan los deportes”, dijo un adolescente que esperaba su autobús escolar la semana pasada cuando una reportera de The Associated Press le preguntó si él y sus amigos habían jugado ese domingo. Los peloteros en esos encuentros semanales son adolescentes en su mayoría.
Algunos residentes del pueblo sí dicen haber escuchado las explosiones de granadas que al parecer Lazcano lanzó cuando trataba de escapar, pero insisten en que estaban en casa en esos momentos y pensaron que se trataba de fuegos artificiales.
La renuencia a hablar no es sorprendente
Las guerras entre cárteles en estados vecinos han convertido a Coahuila en una guarida para los Zetas, de la misma forma que el remoto “Triángulo Dorado” en el noroeste de México, donde se rumora que se oculta el narcotraficante más buscado del mundo, Joaquín “El Chapo” Guzmán.
“Coahuila es para los Zetas lo que la Sierra Madre es para El Chapo… fácilmente defendible, escasamente poblado y relativamente fácil para entrar y salir”, dijo el experto de seguridad Samuel Logan, coautor de un libro reciente sobre los Zetas.
El silencio y el miedo gobiernan el escarpado terreno minero y agrario de Coahuila, donde están 95% de las reservas carboníferas de México.
El estado provee la imagen más fresca de una sangrienta guerra en la que han muerto más de 50 mil personas desde el 2006 y la incertidumbre por la que pasa el país en momentos en que el presidente Enrique Peña Nieto se apresta a traer de regreso al poder al PRI —el Partido Revolucionario Institucional que gobernó al país durante décadas— cuando asuma el cargo el 1 de diciembre.
Los cárteles de la droga operan desde hace tiempo en Coahuila. Pero su terreno montañoso hace que el contrabando a gran escala sea muy difícil y poco atractivo para los narcotraficantes que se disputan el control de las principales rutas de trasiego de droga en Ciudad Juárez, Nuevo Laredo y Reynosa.
Hasta hace tan poco como el 2006, la mayor noticia relacionada con los narcóticos en Coahuila fue una fiesta infantil en la ciudad de Piedras Negras —ubicada frente a Eagle Pass, Texas— presuntamente financiada por Osiel Cárdenas Guillén, en ese entonces líder del Cártel del Golfo, que envió bicicletas, juguetes y un pastel con la leyenda “Feliz Día del Niño de parte de su amigo Osiel” en el merengue.
Lazcano se inició en el crimen organizado trabajando para Cárdenas, acompañado por su grupo de ex miembros de las fuerzas especiales del ejército que fungían como asesinos a sueldo del Cártel del Golfo.
Ambos grupos delictivos no se separaron sino hasta el 2010. Pero ya en el 2008, residentes de Progreso y pueblos cercanos dijeron que comenzaron a notar la llegada de hombres muy jóvenes y extraños, los cuales se desplazaban en caravanas de camionetas tipo pick up con armas de alto calibre y chalecos que decían “Policía Federal”.
Por sus tatuajes y su hábito de beber, los locales sabían que no se trataba de policías, especialmente cuando comenzaron a extorsionar a concesionarios de autos usados, tiendas de licores, clubes nocturnos y bares. Algunos agricultores incluso fueron obligados a cultivar marihuana para ellos.
Anteriormente este mes, una confrontación en Piedras Negras entre policías estatales y presuntos narcotraficantes derivó en la muerte de cinco sospechosos, entre ellos el sobrino de otro alto líder de los Zetas, Miguel Angel Treviño Morales, alias el “Z-40”.
Horas más tarde, pistoleros mataron a tiros al sobrino del gobernador estatal Rubén Moreira, quien es hermano de Humberto Moreira, ex gobernador de Coahuila y ex presidente del PRI.
El cadáver de José Eduardo Moreira, de 25 años, fue descubierto el 4 de octubre dentro de su camioneta pick up en un camino rural en las afueras de Ciudad Acuña, ubicada frente a Del Río, Texas. Había sido baleado dos veces en la cabeza en lo que investigadores consideran fue un asesinato en venganza. Se sospecha que varios policías estuvieron involucrados.
Lazcano fue muerto cuatro días más tarde cuando infantes de Marina dijeron habérselo topado de casualidad en Progreso. Más tarde, pistoleros robaron su cadáver de una funeraria en el vecino pueblo de Sabinas, luego de que los soldados lo dejasen sin custodia.
La Armada mexicana dijo que desconocía que habían matado a un alto capo, a pesar de que autoridades policiales estadounidenses dicen haber confirmado su identidad previamente a que el cuerpo fuera robado.
Antes de su muerte, algunos residentes habían escuchado que Lazcano tenía una hacienda en un pueblo vecino, con tierras que se extendían hasta las montañas de la Sierra de Múzquiz, donde podía ocultarse de ser necesario.
Cuando la AP trató de contactar a un minero que vive cerca de esa hacienda, un familiar respondió por correo electrónico que, debido a que la mayoría de los habitantes han sido amenazados o extorsionados por el teléfono, y como es muy probable que las líneas estén intervenidas, no se siente cómodo compartiendo información.
La violencia ha intensificado el torbellino político en el estado. Humberto Moreira renunció al PRI en diciembre debido a los tres mil millones de dólares en deuda estatal acumulados durante su gobierno. El ex tesorero estatal está prófugo y un ex asesor cercano del gobernador es investigado por amasar una fortuna de origen inexplicable. Este año, seis funcionarios estatales y federales que trabajaban en Coahuila fueron arrestados bajo cargos de proteger a los Zetas.
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