El Consejo Nacional Agropecuario reconoció el impacto de la inseguridad en ese sector. Su presidente, Benjamín Grayeb, explica que la violencia afecta la producción y la distribución de alimentos y aumenta el riesgo de desabasto. A la crisis alimentaria mundial y al cambio climático se suma la crisis social en áreas rurales donde la atención gubernamental y policial ha sido pobre. El problema del campo se opaca con la crisis de violencia urbana, la dispersión y la negación de las autoridades, pero el impacto social, político y económico es mayúsculo.

 

El campo es difícil de atender. Por un lado, las organizaciones agrarias controlan parte de los recursos que se distribuyen al sector. Con la misma opacidad de los tan cuestionados sindicatos, pero con menos visibilidad, la Confederación Nacional Campesina (CNC) cabildea recursos y programas de los que dispone a modo.

 

Además, la gestión pública carece de seriedad. SAGARPA destaca por la pobreza del diseño e instrumentación de sus programas y la mala calidad de sus padrones. Las evaluaciones de CONEVAL son severas hasta con los subsidios de PROCAMPO, que representan el 24.4% de los 71 mil mdp de presupuesto de dicha dependencia y que es el eje de la política agropecuaria.

 

Según CONEVAL, el programa tiene inconsistencias de diseño, carece de un esquema de planeación y de una metodología para identificar a la población objetivo.

 

Administrativamente, no tiene Unidad Responsable: sus componentes se operan de en áreas independientes. Como resultado, las acciones no cumplen con el propósito del Programa.

 

De manera concurrente, interfiere la secretaría de economía (SE). Lamentablemente, lejos de resolver problemas, los deja crecer hasta que explotan con altísimos costos sociales. Con la gripe aviar, Ferrari, al mejor estilo del sexenio, buscó responsables del incremento del precio del huevo. Decidió que era un problema de especulación. Menospreció el impacto de sacrificar 21 millones de animales. Retrasó tanto la importación de producto extranjero que el precio del principal alimento proteínico de México (consumo de 20 kg al año por persona), llegó a más de 50 pesos el kilo y, por momentos, desapareció del mercado.

 

A diferencia de la crisis de la tortilla de 2007, donde con cautela, hacienda diseñó una serie de acciones, con el huevo, Ferrari optó por la ironía: sugirió consumir productos alternos. Según Parametría, la crisis del huevo, impactó seriamente a la economía familiar: afecto mucho al 60% de la población general y en particular al 70% de los que ganan menos de 3000 pesos al mes. Además, 58 % de la población consideró que el gobierno atendió mal el problema y 33% lo responsabilizó del mismo (contra 38% y 28% respectivamente en el caso de la tortilla)

 

Con la papa se padecen los mismos estragos de la miopía federal pero en otro sentido, ya que importar producto infectado puede contagiar otros cultivos. Es una crisis en gestación. Pero, en la lógica de la SE, basta con inventar culpables para evadir su responsabilidad.

 

Buena parte del campo no es de nadie. Es el resultado de combinar incapacidad técnica administrativa, con visión política defensiva. Dejan violencia y las distorsiones de sus malas decisiones. Negar los problemas e inventar culpables genera altos costos sociales.

 

Peña tendrá que echar mano de sus mejores habilidades técnicas y políticas para atender esta crisis. Deberá intervenir con eficacia en lo económico y con audacia en lo político: porque también ahí hay viejas y poderosas estructuras clientelares.