BARCELONA.- Este es el nombre de la investigación más grande contra el lavado de dinero que se ha realizado en España. La operación Emperador detectó el lavado de 300 millones de euros al año en operaciones realizadas por el empresario chino, Gao Ping, que desarrolló una red de sucursales en España, Portugal e Italia, en donde empresarios, miembros de la mafia, narcotraficantes mexicanos y colombianos, políticos e inclusive productores de cine, entregaban dinero en efectivo, producto de la economía ilegal, y este era depositado en cuentas a través de terceros países. A su vez, realizaban la operación en reversa, al dispersar efectivo en territorio español. Este negocio generó tanta confianza en los clientes que inclusive Gao Ping ofrecía préstamos de corto plazo en efectivo.
Los volúmenes de operación eran de tal magnitud que al ser desarticulada la red el negocio tenía en caja más de 10 millones de euros para cubrir las transacciones de la semana, de la sucursal de Madrid. Al igual que los bancos, uno de los costos más grandes de la operación era el traslado de dinero y el cobro de los clientes morosos. Por eso se creó todo un sistema de seguridad, para evitar el robo de las camionetas que trasladaban el efectivo, así como para intimidar e inclusive desaparecer a los clientes que no cumplían con las fechas de pago después de tres faltas.
La organización de Gao tenía un entramado de empresas, formado por sociedades, como Wooden Horse Press, Novena Finca S. L., Espacio Tao, la galería de arte Magee —a través de la cual decía ejercer sus labores filantrópicas como amante del arte—, International Trade City Import-Export, que tiene un monto de operaciones constantes con México como proveedor de artículos de importación y exportación.
Este golpe tendrá un impacto importante contra la economía ilegal, ya que se les cierra una red que permitía mover las ganancias del crimen organizado, así como de evasores fiscales y políticos que desean esconder efectivo en cuentas fuera de la Unión Europea. El éxito de esta investigación se debe a que la policía trabajó de manera conjunta con las autoridades fiscales para armar un caso, ya que hace dos años esta misma investigación fue echada abajo al pedir las ordenes de aprehensión, porque el juez consideró que no se contaba con todos los elementos necesarios y sólo había indicios.
Es cierto que, en todo el mundo, investigar el lavado de dinero es una tarea difícil, pero no es imposible. La gente que se dedica a lavar dinero trata de no llevar una contabilidad, ni registros así como dispersar los fondos sin ningún patrón para pasar inadvertidos. También son discretos en la sociedad al no llamar la atención y establecen negocios con muchas sucursales para tratar de dispersar el riesgo al tener mucho efectivo en un solo punto. Antes de la apertura comercial, se concentraban en negocios de comida y de la construcción, pero ahora los negocios fachada de importación y exportación les ayudan a mover dinero a paraísos fiscales y países con regulaciones más laxas en cuanto a los estándares de prevención de lavado de activos.
Sin embargo, su herramienta más importante es jugar con la desesperación e impaciencia de los investigadores, así como la descoordinación que existe en cualquier burocracia. Por ello, esta operación es considerada un éxito, ya que los fiscales, al no obtener hace dos años las órdenes de cateo, crearon un equipo con los integrantes de la policía y sumaron a dos auditores del área de Administración Tributaria, para crear una matriz y analizar los huecos que faltaban para cumplir con la ley. Una vez detectados los gaps o huecos, la policía se enfocó a buscar esas pruebas, los auditores a revisar un sinnúmero de transacciones aduanales y los fiscales le dieron forma al expediente para poder llegar a su objetivo.
En México se acaba de aprobar la Ley contra el lavado de dinero. La autoridad ponía esto como excusa para no ir tras los activos del crimen organizado. Ahora dirán que falta el reglamento de la Ley, pero la verdad nunca ha existido una coordinación entre la Vicepresidencia de la CNBV, la Unidad de Inteligencia Financiera, Aduanas, la PGR, la SSPF y el CISEN. En total más de 300 burócratas que no han podido comprobar que la cantina La Número 1, mencionada por la OFAC como propiedad del crimen organizado, es parte de un negocio ilegal.