La reforma laboral aprobada ayer en el Senado de la República no contempla la regulación fiscal de las micro, pequeñas y medianas empresas, a pesar de que su formalización es el principal reto del país y permitiría acceder a otras prestaciones, como la seguridad social.

 

“Es un tema que está pendiente. Es un problema en la ley laboral y otras tantas. Para las empresas pequeñas hay muchas cosas que son difíciles de cumplir (…) el personal no tiene capacitación, pagar impuestos es muy complicado, los trámites para darte de alta en el municipio son difíciles”, explicó Gabriel Martínez, secretario general de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social.

 

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) a septiembre indican que una de cada cuatro personas económicamente activa trabaja en el sector informal, y 55 millones de mexicanos dependen de esos ingresos.

 

El estudio del caso de México para el Informe sobre el desarrollo mundial elaborado por el Banco Mundial señala que en la última década el empleo en los servicios y el comercio al menudeo creció: el primero acapara más de la mitad de los nuevos empleos que generan cada año, mientras que el segundo creció de cinco a 8.5 millones de personas.

 

Las dos concentran la mayoría de las micro, pequeñas y medianas empresas, que tienen gran incidencia sobre la informalidad. Y estas actividades económicas dejan un ingreso igual que el sueldo que tiene un profesionista, la diferencia tan marcada que había en los 90 ha ido desapareciendo en los últimos 20 años, según indica el estudio.

 

Los empleados de este tipo de empresas no cuentan con prestación alguna. A decir de Samuel Freije, economista senior del Banco Mundial, no contar con seguridad social es el principal problema, ya que los servicios de salud nacional están condicionados a esta prestación.

 

Diferentes estudios indican que 49% de la población cuenta con Seguro Social o ISSSTE, el resto -que tiene una actividad económica informal, paga los servicios de salud de su bolsillo y no tiene incapacidades, pago por accidentes de trabajo o maternidad, y pensiones.

 

Pero este problema tampoco fue considerado por la reforma laboral, dijo Gabriel Martínez, por lo que el acceso universal a la seguridad social podría extenderse hasta 40 años más.

 

Durante la presentación del estudio afirmó que el reto de la siguiente administración es revisar las leyes involucradas en los temas laborales y crear políticas públicas enfocadas a las micro, pequeñas y medianas empresas, lo mismo que a indígenas y agricultores, que también trabajan en la informalidad.

 

Además, el gobierno no debe incrementar los impuestos para mantener los empleos existentes y poder abrir oportunidades para los jóvenes y los adultos mayores de 65 años, quienes son los que más problemas tienen para encontrar un trabajo.