Resulta alentador, aunque sea un tema resuelto por muchos países desde el siglo pasado, el que México cuente ya con una Ley de Contabilidad Gubernamental mínima para transparentar y armonizar la información financiera relativa a la aplicación de recursos públicos en los distintos órdenes de gobierno.
Se trata de una ley creada en 2008 y reformada recientemente a propuesta del Ejecutivo con el fin de contar con una serie de mecanismos eficaces para construir mejores gobiernos. Más transparentes pues. Por lo menos con recovecos más estrechos para los funcionarios que busquen “ordeñar” obscenamente al erario.
A través de esta ley, aprobada en 2008, el Congreso estableció principios y criterios para armonizar, homologar y estandarizar los registros de las transacciones y la presentación de la información financiera de la Federación, estados, municipios, organismos autónomos y el sector paraestatal.
Con esta reforma podemos decir que la administración del sector público ha dado un paso hacia la modernidad al contar con un marco legal más consistente para transparentar las transacciones que hace el gobierno -en sus niveles municipal, estatal y federal- en el ejercicio del gasto público.
Este nuevo paradigma de transparencia abre la posibilidad de que cada gobernante aporte en tiempo real información financiera necesaria para justificar cada una de sus decisiones en cuanto al ejercicio del gasto, así como para revelar el destino de cada peso destinado a cada programa de gobierno.
Además esta ley permite contar con un mecanismo anticorrupción eficiente pues aumenta de manera significativa la trasparencia y la posibilidad de rendición de cuentas.
Como lo comentara en días pasados Moisés Alcalde Virgen, ex funcionario de la Secretaría de Hacienda y actual socio de la firma Ernst & Young, esta reforma a la Ley de Contabilidad representa un área de oportunidad magnífica para dotar a estados y municipios de mayores herramientas para enfrentar los retos que atraviesan en materia financiera.
Y es, además, una ocasión extraordinaria para que la ciudadanía conozca con profundidad las razones por las cuales los gobiernos gastan lo que gastan y constatar que efectivamente erogan lo que dicen erogar. Así, tendremos elementos para señalar y exigir justicia. Para castigar el pernicioso “arte” de embolsarse el dinero del erario por parte de algunos funcionarios públicos.
Con mayor transparencia, la reforma a esta ley reivindica los derechos de los ciudadanos de organizarse, promover causas e impugnar las decisiones del gobierno.
Ahora la Ley de Contabilidad garantiza que los tres niveles de gobierno -federal, estatal y municipal- hagan público el proceso presupuestal de ingresos y gastos, la información financiera hasta de seis años atrás, y la evaluación del desempeño de los programas.
Alcalde Virgen ha venido explicando que la ley establece obligaciones que cambiarán vicios del gobierno, ya que las cuentas bancarias donde los municipios y estados reciben fondos federales se deberán registrar en la tesorería de la Federación. Lo anterior, sin la posibilidad de realizar traspasos entre cuentas de ninguna índole y dando acceso a los órganos de fiscalización de dicha información.
También transparentará, dice Alcalde Virgen, el ejercicio del gasto dando seguimiento al gasto en educación, salud y fondos de aportaciones. Para ello exige reportar nombres, plazas, pago de nómina y personal comisionado.
Esto obligará a contar con un registro detallado de información básica que, increíblemente, no es pública. Requerimos mejores métodos de medición sobre la eficiencia y eficacia del gasto.
Dicen que cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Sin duda México tiene la oportunidad de construir el país que queremos y para ello la exigencia social seria deberá ser la constante a partir del 1 de diciembre próximo para que los funcionarios nos rindan cuentas a todos los mexicanos.