No obstante la federalización de la educación iniciada hace dos décadas está pendiente la transferencia de facultades a los estados en temas como el diseño curricular, reconoció el subsecretario de Educación Básica de la SEP, Francisco Ciscomani.

 

Durante su participación en el coloquio Agenda de reforma para México a 20 años de la federalización educativa, el funcionario señaló que el actual diseño institucional del sector, que tiene su origen en el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, publicado el 19 de mayo de 1992, privilegió las cuestiones administrativas.

 

Actualmente, 75% de las escuelas, la matrícula y los maestros están bajo la administración de los estados, pero con la descentralización, “más que ceder -a los estados- el poder de la decisión” se les ha convertido en “llenadores de formas para acceder a los recursos”.

 

En este sentido, mencionó que uno de los retos para el próximo gobierno es alcanzar una federalización efectiva que va a requerir grandes esfuerzos de negociación. “No hay control político en el país para hacerlo como lo hicimos en el 92, o para hacer reformas a mata caballo, va a requerir muchas horas de negociación”.

 

Debemos evaluar si el esquema curricular central funciona y considerar si es necesario dar el siguiente paso hacia la federalización curricular y “podríamos hacer lo propio con las normales”, reconoció durante el coloquio organizado en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

 

En su oportunidad, Alberto Arnaut, investigador del Colegio de México en temas educativos, cuestionó que en el marco de la descentralización se excluyó a los estados en los esfuerzos reformistas acordados entre la Federación y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación).

 

La Alianza por la Calidad de la Educación, la Reforma Integral a la Educación y más recientemente la reforma curricular a las normales fueron “ratificadas” por los estados (representados en el Consejo Nacional de Autoridades Educativas), pero no participaron en su construcción. Las entidades tuvieron que asumir los costos financieros y políticos de estas medidas, señaló.

 

Pero no sólo se dejó al margen a las autoridades educativas, también a la comunidad académica y mencionó en este sentido que en el caso de la reforma a las normales no se consideraron las observaciones de los investigadores y especialistas en el tema.

 

En el caso de la Alianza por la Calidad de la Educación señaló que originalmente sólo incluía el fortalecimiento de los académicos, y por ello –consideró- pasará a la historia “como una de las reformas hechas con los pies”.

 

En el caso de la reforma a las escuelas normales que –según dijo- no estaba prevista en el Plan Nacional de Desarrollo ni tampoco en el programa sectorial, consideró que faltó sensibilidad para valorar las observaciones de la comunidad académica de las propias normales.

 

Los cuestionamientos a la reforma no son solo en Michoacán, dijo, también los hay en el Distrito Federal y en Veracruz, por ejemplo.

 

75% de las escuelas, matrícula y los maestros están bajo la administración de los estados

 

33% aportan las entidades al gasto educativo