BRUSELAS. Organizaciones de la sociedad civil mexicana y europea criticaron hoy aquí la decisión de la Unión Europea (UE) de suspender la ayuda financiera en la cooperación bilateral con México.
“México es considerado como un país de renta media alta a pesar de que, según cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social de México, hay 28 millones de habitantes que padecen de hambre en el país”, objetaron.
Entre las organizaciones figuran las redes Iniciativa de Copenhague para Centroamérica y México (CIFCA) y Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción al Desarrollo (Alop).
Durante el V Foro de Diálogo de la Sociedad Civil con el gobierno de México y las Instituciones de la UE, el representante del Departamento Américas del Servicio de Acción Exterior de la UE, Federico Zorzan, confirmó que México dejará de recibir en 2014 la financiación.
Ese apartado contó con un presupuesto de 55 millones de euros (unos 71 millones de dólares) en el periodo entre 2007 y 2013.
Debido a que México ha sido identificado como un país de renta media alta, junto con Colombia, Chile, Ecuador y Brasil, ya no contará con un programa de cooperación bilateral.
“A partir de 2014 no habrá un rubro de ayuda bilateral para México”, explicó Zorzan a los participantes del evento.
La decisión se enmarca en la revisión del instrumento europeo de Cooperación al Desarrollo, ya anunciada por la Comisión Europea (CE), que tiene por objetivo centrar los cada vez más escasos recursos de la mancomunidad en los países más pobres.
“Es importante discutir cómo se define y desarrolla el concepto de renta media, en virtud de las decisiones tomadas y sus efectos”, coincidieron las ONG participantes del foro en su documento de conclusiones.
La sociedad civil también criticó la falta de responsabilidad social de las empresas europeas que invierten en México y les acusó de “cobijarse en leyes flexibles que les permite violar derechos económicos, sociales y laborales”.
“Llegan a México de forma depredadora, sin aplicar o respetar el derecho a la consulta, a las comunidades indígenas, campesinas y urbanas, y violando el derecho a la libertad sindical y contratación colectiva”, afirmó Max Correa, de la Central Campesina Cardenista.
“Es una situación que sin duda no se permite en el seno de la UE”, sostuvo a su vez Norma Castañeda, del Grupo Promotor de Organizaciones Sociales y Civiles.
El Foro de Diálogo de la Sociedad Civil con el gobierno de México y las Instituciones de la UE reúne cada dos años a más de 30 representantes de los sectores campesino, académico, sindicatos y de defensa de los derechos humanos de ambas regiones.
Su objetivo es revisar los avances en los tres pilares del acuerdo de asociación UE-México: económico, de diálogo político y cooperación.