El diputado del Partido de la Revolución Democrática, Martí Batres Guadarrama presentará una iniciativa para reformar el Código Federal de Procedimientos Electorales, con el objetivo de que los paquetes de los comicios presidenciales sean destruidos hasta después de 12 años.
Para ello, expuso, debe modificarse el numeral 2 y adicionar el 3 al Artículo 302 con el objetivo de garantizar el derecho de la ciudadanía a acceder a información de carácter electoral.
De este modo, explicó, se facultará a los presidentes de los Consejos Distritales a conservar copias certificadas de todas las actas y expedientes de los cómputos distritales para ponerlos a disposición y resguardo del Consejo General del IFE en los 12 años siguientes y aún durante un mayor plazo si existe algún procedimiento contencioso que los involucre.
Consideró que parte de la transparencia electoral y el derecho de los ciudadanos debe ser que la paquetería electoral pueda estar a disposición de cualquier tipo de aclaración o consulta.
En conferencia de prensa “reprobó” que el Consejo General del Instituto Federal Electoral haya avalado a principios de este mes la destrucción de la documentación de los comicios federales de 2006 y 2012.
Insistió que su bancada promoverá reformas a la Ley del Cofipe para prohibir que los paquetes electorales se destruyan de manera inmediata.
El Artículo 302 del Cofipe ordena que una vez concluido el proceso comicial debe procederse a destruir el material electoral.
Batres Guadarrama refirió que la quema de paquetes electorales “llama a sospecha y viola los derechos de la ciudadanos a la información pública”.
Expresó que los resultados de las elecciones deben estar abiertos a consulta pública, porque los ciudadanos tienen derecho a saber la verdad de los procesos.
Mencionó que esta documentación estará disponible para cualquier consulta de transparencia y acceso a la información pública, y no podrá ser reservada bajo ninguna circunstancia.
El legislador consideró que mediante este mecanismo, “habrá menos probabilidades de que los mexicanos sean víctimas de fraudes electorales como los de 1988, 2006 y 2012, ya que la oscuridad tanto en el cómputo como en la disposición de la información electoral ha jugado un papel fundamental para hacer posible el fraude”.