Era miércoles 17 de octubre por la mañana. Los reporteros de la fuente de justicia llegaron a una conferencia de prensa convocada por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO). Muy pronto, los asistentes se dieron cuenta de un garrafal error en las mamparas colocadas atrás del funcionario. No decía SIEDO, sino SEIDO.
Pero no se trataba de una confusión, sino de un cambio de nombre que, a decir de Cuitláhuac Salinas, titular de la dependencia, correspondía a un antiguo error semántico en la denominación anterior y que la modificación se había decretado en el Diario Oficial de la Federación junto con otros ajustes a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República desde el 23 de julio, pero que hasta ese día se había puesto en práctica. Lo mismo había sucedido con la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales (SIEDF), que a partir de la misma fecha cambió a Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF). Es decir, ambas dejaron de investigar especializadamente y pasaron a ser especializadas en investigación.
Las claves
La SIEDO se crea en 2003 después de un escándalo de corrupción en el que estuvieron involucrados agentes de la Fiscalía Especial de Atención para la Delincuencia Organizada, quienes protegían a cárteles mexicanos de la droga. La razón para el cambio fue parte de un intento por limpiar el nombre de la dependencia.
Sin embargo, la variación actual no cambia ni las funciones, ni la estructura, ni el mando de la Subprocuraduría. La modificación es simplemente semántica, es decir, del significado de las palabras y su combinación.
El que ahora la subprocuraduría se dedique ya no a la investigación especializada, sino que se especialice en la investigación, causó todas las burlas innecesarias principalmente en redes sociales, pues la modificación de significado, parecía casi imperceptible. Lo es, pero en efecto, sí plantea cosas distintas:
1. Los adjetivos en el idioma español van junto al sustantivo y por lo general ocupan el segundo lugar. Vale recordar que el adjetivo califica al sustantivo.
2. En el caso original, la SIEDO, Subprocuraduría de Investigación Especializada, el adjetivo calificaba a la investigación; en el segundo caso, la SEIDO, Subprocuraduría Especializada en Investigación el adjetivo califica a la Subprocuraduría.
3. En el primer nombre, la Subprocuraduría se hubiese podido comparar con un instituto de investigación, como por ejemplo el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y de Sistemas o el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad (ambas de la UNAM) que como centros de investigación abarcan todos los aspectos relacionados con su campo de estudio, lo que no ocurre en el caso de la SEIDO, ya que la función que desempeña no es ésta.
4. La segunda versión implica que existen más subprocuradurías y que ésta en específico se especializa en investigación de delincuencia organizada.
Con el cambio, a decir de Yeniza Sanchéz, maestra en letras clásicas y especialista en el idioma español, la función que en realidad desempeña la Subprocuraduría corresponde al nuevo nombre ya que si la dependencia se dedicara a hacer investigación especializada, se abocaría al estudio de todos los aspectos relacionados con ésta: sociales, económicos, consecuencias e implicaciones culturales, etc.
Por el contrario con las modificaciones en estas dos subprocuradurías, se especifica que sus ámbitos de trabajo son precisamente especializados en distintas cosas; una en delincuencia organizada y la otra en delitos federales, a las que se suman las tareas de las otras cuatro subprocuradurías: la Jurídica y de Asuntos Internacionales, la de Control Regional, la de Procedimientos Penales y Amparo y la de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad.
Comunicar
El caso llama la atención porque cuando una dependencia cambia de nombre, se da a conocer con anterioridad, no sólo para evitar confusiones sino porque estas modificaciones corresponden a un cambio en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal o al reglamento de la dependencia. Es decir, implican modificaciones legales que obedecen a motivos específicos. Además, por lo general estos se relacionan con las funciones que desempeñan, la eliminación de algún término que carece de vigencia y/o la reestructuración de la dependencia misma.
Está el caso de la Secretaría de Salud, que hasta 1983 era Secretaría de Salubridad y Asistencia, pero que con las modificaciones a la Ley General de Salud de ese año, en donde la salud se volvió un derecho como tal, el término “asistencia” dejó de tener relación con el nuevo concepto que la legislación consideraba.
Otro ejemplo es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que en 2008 suprimió de su nombre el término “informática”, ya que este dejó de tener relevancia en pleno siglo XX.
En los casos de la SEIDO y de la SEIDF no fue así. A pesar de quedar claro que en efecto, había un error de semántica en los nombres, no se modificaron funciones, ni estructuras; mucho menos se dio una explicación de lo que implicaba o el por qué habían funcionado durante años con nombres incorrectos. La dependencia prefirió que los cambios, no menos importantes, pasaran desapercibidos y sólo adquirieran relevancia entre los muchos retweets que causaron.
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