José tenía 17 años de edad, vivía en San Juan Bautista Cuapala, ea martes cuando salió al campo a buscar a su burro, cuando de pronto la cargada de los disparos le cayeron encima y murió. Le dispararon militares, ellos dijeron que era miembro de la delincuencia organizada y hasta le pusieron un arma que dijeron disparó.
Las investigaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) confirmaron lo que todos en el pueblo ya sabían, que José no era un criminal y que los mlitares de la 35 Zona militar mintieron.
La CNDH emitió la recomendación 67/11, el 29 de noviembre de2011 a la Secretaría de la Defensa y al gobernador de Guerrero. No cumplieron con ella. Los militares siguen libres, el joven náhuatl el viernes pasado cumplió dos años de muerto.
La razón, que el Ejército argumenta que el día del crimen de José los militares destruian plantíos de amapola en la periferia del poblado San Juan Bautista Cuapala, cuando fueron atacados por un comando, presuntos integrantes de la delincuencia organizada, los cuales se dieron a la fuga. En ese contexto, reportaron, murió el jóven, quien tenía junto a su cuerpo un arma tipo AK 47.
Pero en el lugar no había rastros de plantío destruido ni otros casquillos percutidos que mostraran una confrontación. Simplemente lo mataron, las razones todavía se ignoran.
El asesinato de José no es un caso aislado, forma parte de las 49 recomendaciones emitidas por la CNDH a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de la Marina-Armada de México (Semar), la Secretaría de Seguridad Pública Federal (SSPF) y la Procuraduría General de la República (PGR), entre el primero de enero de 2007 a septiembre de 2012, sobre el delito de privación de la vida, y/o violaciones que atentan al derecho de vivir.
Aunado a esta situación, la incidencia en la violación a los derechos humanos así como el incremento de delitos graves como el homicidio, la tortura y la desaparición forzada de personas, cometidos por las fuerzas de seguridad federales se incrementó considerablemente durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, de acuerdo a lo reportado por la propia Comisión.
Durante la presente administración, la CNDH ha emitido un total de 174 recomendaciones por abusos y violaciones a los derechos humanos por parte de esas dependencias.
De este total, 49 se emitieron por el delito de privación de la vida y/o violaciones al derecho de vivir; 35 casos de tortura, y recomendaciones por desaparición forzadas.
No cumplen
La Secretaría de la Defensa Nacional ha recibido un total de 108 recomendaciones, de las cuales 59 fueron emitidas por delitos graves como tortura, desapariciones forzadas y privación de la vida.
De ese universo, 35 fueron cumplidas parcialmente, 14 simplemente no fueron ni siquiera atendidas y 10 no han sido resueltas pues fueron emitidas en este año.
La Marina registró un total de 19 recomendaciones, de ellas 11 fueron por delitos graves: cuatro fueron aceptada y sólo se han cumplido parcialmente, tres no presentaron pruebas de su cumplimiento, tres aún no se ha podido determinar su situación y sólo una fue cumplida en su totalidad, la número 15/07.
Y la Secretaría de Seguridad Pública federal recibió 11 recomendaciones sobre esos mismos delitos, de ellas cuatro fueron cumplidas apenas parcialmente; dos no fueron cumplidas, mientras que cinco aún no se ha determinado su situación.
La PGR recibió 10 recomendaciones por los mismo ilícitos, cinco por casos de tortura, de ellas dos fueron cumplidas parcialmente, dos no fueron cumplidas y una está por determinarse; y por el delito de privación de la vida, recibió las otras cinco recomendaciones, de las cuales dos fueron cumplidas parcialmente, dos están pendientes, y una sin cumplir.
Cuando una recomendación se cumple parcialmente significa que los responsables no han sido detenidos, sólo que se inició la inevstigación correspondiente. Esto significa que la mayoría de los responsables en desaparecer, torturar y matar a ciudadanos inocentes aún no reciben una sanción.