Ante la crisis mundial y el desempleo creciente en el país, según la OIT, un grupo de intelectuales y especialistas -entre los que se encuentra Cuauhtémoc Cárdenas, David Ibarra y Jesús Silva Herzog- planteó una serie de medidas para la protección social universal.
La propuesta incluye, entre otros puntos, un sistema de protección universal -tanto de salud como de protección al ingreso-, y una batería de reformas, entre las que destacan la hacendaria y de las instituciones financieras. El objetivo: que hacia 2018 la inversión pública sea de 35% del PIB.
Las 102 propuestas están condensadas en el documento “Lineamientos de política para el crecimiento sustentable y la protección social universal”. Versan sobre la necesidad del país de generar excedentes que permitan redistribuir el ingreso por persona.
El planteamiento llega en un entorno en el que, desde 2010, México no ha alcanzado la recuperación suficiente para alcanzar ingresos per cápita más altos que los registrados antes de la crisis y en el que la creación de empleos ha sido “débil” y se ha traducido en un “desbordamiento” de la ocupación informal.
Entre las propuestas se encuentra también la necesidad de otorgarle autonomía de gestión a Pemex y una reforma a la Ley Orgánica del Banco de México, para buscar que esta institución, además de controlar la inflación, sea la responsable de vigilar la estabilidad del conjunto del sistema financiero nacional.
“Es un planteamiento integral que no ve los cambios en política económica como una especie de salami que se puede ir cortando por rebanadas como a veces suele entenderse el tema de las reformas estructurales, nosotros planteamos que tenemos que construir una visión integral del desarrollo del país en relación con el mundo y de ahí derivar una estrategia y ahí inscribir los planteamientos en los cambios de política económica y no al revés.
“Una tras otra reforma no van a construir una estrategia; es la estrategia la que va a construir el ritmo de las reformas que sin duda son necesarias para México”, explicó el economista e investigador de la UNAM Rolando Cordera.
El documento, presentado por el rector de la UNAM, José Narro, contempla una reforma tributaria que permita una mejor administración del gasto y una mayor transparencia. Fue enviado al Congreso de la Unión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al Ejecutivo.
Entre las medidas que se contemplan en este rubro está también el aumento del Impuesto Sobre la Renta a aquellos con mayor ingreso; el cobro de un impuesto sobre las utilidades de las empresas con independencia de su tamaño o ramo; así como la elevación gradual del IVA a 17% o 20% -cifras de otros países, según la OCDE- con excepción de alimentos y medicinas durante los primeros tres años, así como el establecimiento de mecanismos de compensación a las personas de menores ingresos.
Uno de los fundadores del PRD y colaborador del proyecto, Cuauhtémoc Cárdenas, fue el encargado de exponer lo relacionado con política energética, en la cual es primordial, aseguró, otorgarle autonomía presupuestal y de gestión a Pemex, para que ésta tenga la capacidad de disponer de los recursos que genera, como lo hace cualquier otra empresa productiva.
“Que no sea la Secretaría de Hacienda la que determine qué es lo que se tiene que hacer tanto en materia petrolera como en general en materia energética. Este es el cambio más importante y para el cual no se requieren reformas constitucionales sino decisiones de carácter político”, afirmó.
El grupo “Hacia un nuevo curso de desarrollo” surgió a partir de la crisis mundial de 2009, con el objetivo de instar a que el Estado emprendiera una revisión de sus políticas económicas para reorientarlas a un mayor crecimiento.
Asimismo, se enfatizó en la necesidad de que las políticas económicas y monetarias se enfoquen desde el crecimiento económico y la generación de empleo.
Reforma laboral
Los intelectuales se pronunciaron en contra de la reforma laboral que actualmente se discute en el Congreso, debido a que, aseguraron, está fundamentada en las bases equivocadas, ya que la premisa base es la flexibilización de la contratación y el despido, y no la búsqueda de mejores condiciones de empleo.
En este sentido, el economista e integrante del grupo, Saúl Escobar, criticó que la iniciativa no esté acompañada de una reforma a la Constitución tanto en materia sindical como en lo relacionado con las Juntas de Coordinación y Arbitraje ni la Comisión de Salarios Mínimos.
“Las juntas de Conciliación y Arbitraje no están tocadas en la reforma y es un gran problema en materia de trabajo, no está acompañada de una reforma constitucional entre apartado A y B, no está acompañada de una reforma en lo que se decide cuál es el salario mínimo como la CSM y por lo tanto centrar el debate en la flexibilización, parte de un diagnóstico equivocado y lleva a resultados equivocados”, afirmó.
Y, reconoció, hay avances pero también retrocesos: “Hay avances en materia de transparencia sindical, pero hay cosas que no nos gustan, como la subcontratación y el salario por horas”.
“Nosotros creemos que es necesaria una reforma, hay muchos aspectos que deben cambiar en la ley, pero nuestra principal diferencia es que creemos que la reforma laboral debe estar articulada a una estrategia y debe ser articulada a la protección social para pasar a la protección universal al mismo tiempo que se avanza en la flexibilización, lo reconocemos.
“Pero también debe estar articulada a una reforma hacendaria de fondo. Algunos aspectos que debe contener ya los mencionábamos desde 2009”, aseguró la economista Norma Samaniego.
A la presentación asistieron Cuauhtémoc Cárdenas, Saúl Escobar, David Ibarra, Norma Samaniego, Jesús Silva Herzog y Rolando Cordera, entre otros.
EL PLAN
Qué
Edificar un régimen de protección social universal que comprenda derechos sociales para garantizar a toda la población, salud, seguridad social, alimentación, educación, cuidado infantil, vivienda y otros.
Uno de los pilares de este régimen será un sistema de salud pública con cobertura universal.
El otro, un sistema de protección de ingreso para cubrir a los individuos y las familias frente a los costos o la pérdida de ingresos por maternidad, enfermedad, incapacidades, edad avanzada, viudez y orfandad a través de un esquema de prestaciones no vinculadas al trabajo formal.
Cómo
Financiando a largo plazo con impuestos generales, complementados con esquemas mixtos de planes ocupacionales y programas de ahorro para el retiro para los trabajadores de ingresos medios y altos, debidamente regulados o incluso provistos por afores públicas.
Qué
Favorecer el empleo.
Cómo
A través de una actualización de la legislación laboral respetando los derechos de los trabajadores acorde a la realidad tecnológica y a la nueva organización de la producción el comercio, más allá de la interpretación simplista que hasta ahora se le ha querido dar a la reforma laboral en términos de flexibilidad de los mercados laborales.
Reformar la Ley Orgánica del Banco de México para que recupere los objetivos de la estabilidad de precios y la promoción y crecimiento del empleo.
Qué
Asegurar un buen inicio de los jóvenes en el mundo del trabajo.
Cómo
A través de un impulso a programas de capacitación y colocación y apoyando en especial la transición entre la escuela y el trabajo.
Qué
Reformar la institucionalidad vigente en materia de ciencia y tecnología.
Cómo
A través de fortalecer las actividades científicas a través de una secretaría de Estado para la ciencia y la tecnología.
Qué
Eliminar los gastos superfluos y onerosos que existen, a la par de incrementar los recursos destinados a actividades prioritarias.
Cómo
Recortando las abultadas estructuras administrativas existentes en los tres niveles de gobierno y en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como en los organismos constitucionalmente autónomos.
Qué
Abatir la pobreza.
Cómo
A través de canalizar el incremento del gasto producto de la aplicación de una reforma hacendaria para el combate efectivo a la pobreza, garantizar el acceso real a la salud de calidad, a la educación.
Qué
Alcanzar por parte del Estado mexicano un volumen de gasto de 35% del PIB hacia 2018, así como una inversión pública de hasta 10% del PIB, el doble de los niveles actuales.
Cómo
A través de una reforma tributaria que eleve la recaudación en 10 puntos porcentuales del PIB a lo largo de un gobierno por medio de la elevación de la eficacia recaudatoria, a través de la actualización y mantenimiento al día del registro de contribuyentes y sus obligaciones, avanzar en la simplificación tributaria con trámites más sencillos.
Elevar el ISR de personas físicas a la tasa marginal máxima a niveles comparables a los de los países industriales.
Establecer una sobretasa extraordinaria aplicable a 1% de los perceptores de más alto ingreso gravable.
Establecer un impuesto sobre ganancias de capital, incluyendo las obtenidas en la Bolsa.
Eliminar estímulos, tratamientos especiales y subsidios, así como revisar con vistas a reducirlos, los conceptos deducibles, en especial los de carácter regresivo como las colegiaturas.
El ISR de personas morales tendrá como causantes a todas las empresas, sin importar su tamaño, localización, o ramo de actividad.
Desaparecer el IETU, una vez hechos los cambios propuestos.
Elevar la tasa del IVA gradualmente hasta alcanzar en el curso de un sexenio niveles comparables a otros países, del orden de 17% a 20%.
Considerar mecanismos explícitos de compensación para personas de menores ingresos.
Mantener los impuestos especiales al tabaco, la cerveza y las bebidas alcohólicas.
Qué
Garantizar la seguridad energética de la nación.
Cómo
Procurar la expansión de las reservas probadas de petróleo para contar con un índice de cobertura de por lo menos 25 años, como en otros países.
Reducir progresivamente hasta no más de 25% en 2020-2025, la parte de la producción del crudo que se exporta.
Restituir la capacidad técnica y de diseño y ejecución de proyectos de Pemex a través de la corrección de la dependencia de contratistas privados extranjeros para casi cualquier proyecto.