La oscuridad siempre ha sido un buen escondite. Y bajo esa premisa básica es que tanto funcionarios públicos como empresarios, tradicionalmente han rehuido a todo lo que sea exhibir las cuentas públicas. Hay que decir que, en todo caso, está en su muy particular conveniencia atajar cualquier obligación a exhibir públicamente cuentas y decisiones, sobre todo cuando éstas rayan o se han metido de lleno en la ilegalidad.

 

Para muestra basta un botón. En estos días se discuten en el Senado diversas reformas a la Ley Federal sobre Transparencia y Acceso a la Información Pública que en los discursos mediáticos han sido fuertemente aplaudidas por todas las fracciones políticas representadas en el Congreso por tratarse de reformas que obligarán a los funcionarios públicos a rendir cuentas a la ciudadanía. Un asunto al que hoy difícilmente cualquier político puede oponerse públicamente sin tener que cargar las consecuencias de ser etiquetado como un “dinosaurio”.

 

Pues bien, los regateos a la ley por parte de los senadores priistas se dan en lo oscurito, en la “letra fina” de la ley para evitar que sindicatos y partidos políticos rindan cuentas detalladas sobre los recursos públicos que reciben.

 

Pero esto no sólo ocurre en la política. Los empresarios han cabildeado por años en el Congreso para mantener zonas oscuras en las leyes a fin de que no sean revelados sus actos irregulares o ilegales y, así, no ver amenazado sus negocios.

 

De hecho, las autoridades de supervisión del sistema financiero están impedidas por la Ley del Mercado de Valores y por las leyes financieras a revelar cualquier investigación que realicen en contra de bancos, casas de bolsa, sociedades de inversión, o cualesquier institución financiera por supuestas irregularidades en su gerencia o violaciones a las leyes vigentes incluso en detrimento de los clientes.

 

En el caso de las investigaciones que siguió la Comisión Nacional Bancaria y de Valores por irregularidades del banco HSBC al no cumplir con las reglas para prevenir operaciones de lavado de dinero, la autoridad estuvo impedida por ley para dar a conocer las investigaciones en curso y las presuntas irregularidades cometidas por el banco de origen inglés. Así durante años -entre 2004 y 2009- HSBC violó impunemente las reglas de la autoridad mexicana sin sufrir consecuencias aparentes sobre su imagen y confianza pública, hasta que el Senado estadunidense lo dio a conocer.

 

“La publicidad de los procesos y de las sanciones es una herramienta correctiva muy importante, poderosa, que aquí en México no la podemos usar porque no lo ha permitido el Congreso”, me dijo recientemente el subsecretario de Hacienda, Gerardo Rodríguez.

 

Recientemente TMM, de José Serrano, consiguió que un juez evitara la publicación en el Diario Oficial de la Federación su inhabilitación a participar en licitaciones federales por irregularidades que le imputó la Secretaría de la Función Pública hace casi un año. El silencio favoreció los negocios de TMM a pesar de las investigaciones oficiales.

 

Nuestras leyes están llenas de zonas oscuras que han sido defendidas a capa y espada por legisladores y lobistas para salvaguardar intereses muy particulares, contrario al discurso de transparencia que se exige en los balcones públicos por igual de empresarios que de políticos.

 

samuel@arenapublica.com | @SamuelGarciaCOM | www.samuelgarcia.com