Desapariciones forzadas, tortura, violaciones sexuales, procesos judiciales viciados y una matanza cometida por paramilitares, son las causas de que México haya sido acusado en 33 ocasiones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos durante los dos gobiernos que encabezó el PAN en estos 12 años.

 

Además, durante los últimos siete años, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó siete sentencias en contra del Estado Mexicano. Y en noviembre del año pasado, México fue llevado ante la Corte internacional Penal con sede en La Haya, acusado de delitos de lesa humanidad por las 50 mil muertes de la lucha federal contra el crimen organizado, y esa instancia admitió la misma.

 

Para  el especialista en Derecho Internacional del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Manuel  Becerra Ramírez, la denuncia interpuesta por 23 mil  ciudadanos en contra del presidente Felipe Calderón y de los narcotraficantes, ante la Corte Penal Internacional, es un recurso valido porque en el país, no existe una instancia a la cual recurrir ante crímenes de lesa humanidad.

 

El investigador acotó que ese tribunal internacional ubicado en La Haya, Holanda, no revisa los casos de manera cuantitativa sino cualitativa, y que debe tomarse en cuenta que en el combate contra el narcotráfico había dejado 50 mil muertes y que las propias autoridades prevén que el gobierno de Calderón concluya con 80 personas muertas.

 

“Se partió de la base de que son 50 mil muertos, eso significa más que las dictaduras en Sudamérica, simplemente en Argentina”, manifestó.

 

Becerra precisó que la denuncia no es sólo contra el Ejecutivo  federal “también se está denunciando a un narcotraficante, es notorio, hay una violación constante hay desaparición de personas, y no se detiene,  por  eso la sociedad civil se está yendo ante instancias internacionales”, reforzó.

 

Puntualizó que en la Corte Penal Internacional, se juzga a las personas, independientemente del cargo que ocupen, y que ello depende de la tipificación que contempla genocidio, crímenes de lesa humanidad, agresión y crímenes de guerra.

 

Explicó que aunque los jefes de Estado, gozan de inmunidad en el ejercicio de sus funciones, y después de dejar el cargo mantienen esa condición por los actos realizados durante su periodo de gobierno, esto no aplica cuando cometen crímenes o dan órdenes para que las fuerzas armadas cometan actos que van en contra de los derechos humanos.

 

Los argumentos y los casos

 

Entre las demandas interpuestas por violaciones graves a derechos humanos, se encuentran los casos, por ejemplo, de Teodoro Cabrera García y Rodolfo Montiel Flores, campesinos ecologistas de la sierra de Petatlán y Coyuya de Catalán, Guerrero, quienes fueron torturados por soldados y detenidos de manera ilegal.

 

Otra de las acciones gubernamentales que devino en una demanda internacional fue el operativo en San Salvador Atenco y Texcoco, del 4 de mayo de 2006, cuyo saldo fue de 19 mujeres violadas y dos jóvenes asesinados, además de allanamientos a casas habitación y robos en algunos de los domicilios.

 

También los feminicidios en Ciudad Juárez han provocado que los familiares ante la falta de investigación, y la entrega de los cadáveres de sus hijas, a los cuales no se les permite verlos para corroborar que sean ellas, y las investigaciones las realizan los deudos y no la autoridad, ha valido que las madres de cinco de ellas acompañadas por organizaciones defensoras de Derechos Humanos recurran a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para exigir justicia.

 

Militares que fueron dados de baja del ejército mexicano, también han interpuesto denuncias ante esa instancia, por considerar que se violaron sus garantías y se les dejó en estado de indefensión.