En los últimos seis meses, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) canceló cuatro proyectos turísticos, por un monto aproximado de tres mil millones de dólares cada uno, debido a violaciones a normas ambientales y porque ponían en peligro la biodiversidad de la zona, según denunciaron organizaciones civiles.
Tres de los proyectos cancelados se ubican en el estado de Baja California Sur, donde hay gran interés en invertir y desarrollar centros turísticos que incluyen hoteles, departamentos de lujo, marinas privadas y campos de golf. El otro se ubica en Puerto Peñasco, Sonora.
El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) y Greenpeace denunciaron ante las autoridades jurídicas que los proyectos violan las leyes ambientales estatales y federales, así como un decreto que data de 1938, cuando el entonces presidente Lázaro Cárdenas estableció estas zonas como reservas naturales boscosas.
Agustín Bravo, director de CEMDA Noroeste, informó que la presión social de las organizaciones y la sociedad, además de las denuncias formales ante autoridades jurídicas orillaron a que Semarnat negara los permisos de construcción que ya habían sido otorgados. ”No tuvo otra opción”, dijo.
La primera lucha que ganó la sociedad civil fue Cabo Pulmo. A mediados de junio pasado, previo al inicio de la Cumbre del G20, el presidente Felipe Calderón anunció la cancelación definitiva del megaproyecto que pretendía desarrollar la empresa española Hansa Baja Investments en el más importante arrecife coralino al norte de México.
Un mes después, la empresa Desarrollara la Ribera presentó un proyecto para desarrollar el complejo de los Paricués en el mismo lugar, pero de inmediato surgieron las protestas y la misma empresa decidió retirar el proyecto.
“La cancelación se dio muy a pesar de la Secretaría de Medio Ambiente, porque si hacemos una lectura del caso, siempre favoreció los intereses de la empresa para que se construyera. El secretario parecía un cabildero de la empresa y no un secretario que tiene que garantizar la conservación de un ecosistema frágil, como lo es Cabo Pulmo”, dijo Gustavo Ampugnani, responsable de las campañas de Greenpeace.
Posteriormente y tras cuatro años de las denuncias presentadas por CEMDA ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA), éste determinó que los proyectos Marina Esperanto y Entre Mares, en Baja California Sur, así como Laguna de Mar, Sonora, no eran viables.
En este último los activistas de CEMDA piden ahora que la empresa responsable pague los daños ocasionados al ecosistema por el campo de golf que sí se construyó dentro del humedal que recibe aves silvestres cada año.
Ante la llegada de un nuevo gobierno, Ampugnani señaló que ahora la sociedad debe seguir al pendiente de los proyectos turísticos, pues se espera que la administración entrante mantenga la actual política de desarrollo turístico.
“Este sexenio empezó poniendo a México como una potencia turística. Eso pesó tanto que la Secretaria de Medio Ambiente tuvo que relegar muchos de sus principios y avalar la construcción de ciertos complejos turísticos (…) La campaña de Peña Nieto estuvo asentada en desarrollo turístico y no creemos que vaya a ser muy distinto a la de este sexenio que acaba”, puntualizó Ampugnani.
FRENO A MINAS
Además de los centros turísticos, organizaciones de la sociedad civil presionaron hasta lograr la suspensión del Parque Eólico de Cozumel, en Quintana Roo; así como las minas Caballo Blanco, en Veracruz y San Antonio, en Baja California Sur.