Ante la denuncia de más de 71 organizaciones no gubernamentales y la Organización Mundial contra la Tortura sobre el incremento de 500% en casos de tortura cometidos por las fuerzas armadas en el combate al crimen organizado, implementado en el sexenio de Felipe Calderón, la delegación mexicana se justificó al asegurar que se han impulsado reformas estructurales para prevenir y sancionar este delito en el país.
“El país enfrenta aún desafíos importantes en materia de derechos humanos, pero se está produciendo una verdadera revolución jurídica con las recientes reformas constitucionales de derechos humanos y de amparo”, alegó Ruth Villanueva, subprocuradora de Derechos Humanos de la PGR.
Por otra parte, el director general de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Exteriores, Alejandro Negrín, aseguró que “junto con las reformas constitucionales en las materias de amparo, de proceso penal y de acciones colectivas, la reforma constitucional en derechos humanos de junio de 2011 es la mayor ampliación de derechos de las personas que se ha presentado en el marco jurídico nacional”.
Villanueva describió la evolución reciente de la jurisdicción militar, en el sentido de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido importantes resoluciones para garantizar que las violaciones a los derechos humanos cometidas por personal militar sean juzgadas en el fuero civil, cuestión que fue encomiada por los expertos de la ONU.
La subprocuradora destacó la reforma de la ley de Amparo y sobre “la reforma fundamental” del sistema de justicia penal y de seguridad pública en 2008.
“Esta reforma hace más expedita la impartición de justicia a través de juicios orales y establece un sistema en el que se respetan los derechos tanto de las víctimas u ofendidos, como de los indiciados, lo cual redunda en el fortalecimiento del debido proceso”, aseguró Villanueva.
En este contexto enmarcó la figura del arraigo (prisión preventiva), muy cuestionada por las organizaciones de derechos humanos, porque permite periodos de arresto de hasta 80 días para los casos de delincuencia organizada (40 en el resto de delitos).
Villanueva afirmó que se trata de “una medida excepcional” que persigue evitar que una persona acusada de un delito evada la acción de la justicia, que dicta y vigila un juez, que puede ser recurrida y que garantiza la comunicación del arraigado con su defensa.
24 HORAS publicó que tan sólo en los últimos seis años, las fuerzas de seguridad como lo son el Ejército, la Marina, y la Secretaría de Seguridad Publica sólo se ha cumplido una de las 174 recomendaciones emitidas por la CNDH por abusos y violaciones a los derechos humanos, incluyendo delitos graves como tortura y homicidio.
Los casos
En el informe del Comité de la ONU Contra la Tortura (CAT, por sus siglas en ingles), las organizaciones solicitan mayor atención en casos como el de Israel Arzate, incriminado injustamente por los crímenes en Villas de Salvarcar; el de Miriam Isaura, mujer torturada y violada por militares en Baja California; el de San Salvador Atenco, donde policías golpearon y torturaron a hombres y mujeres, a éstas últimas las violaron, y sobre el caso de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, torturados durante un operativo policiaco.
El informe del CAT señala que de acuerdo a información de la Procuraduría General de la República (PGR), durante el periodo de enero de 1994 a 2010, hablando a nivel federal, sólo se condenó a dos personas por el delito de tortura.
Asimismo, el informe refiere que entre el primero de diciembre de 2006 y el 30 de junio de 2010 se iniciaron 41 investigaciones por tortura, de las cuales solamente una fue consignada, es decir, el 2.4%.
En el Distrito Federal, de 75 averiguaciones previas iniciadas por el delito de tortura por la Procuraduría General de Justicia en casi 5 años, ni una sola resultó en la consignación de responsable alguno, de acuerdo a información publicada en noviembre de 2011.