Aunque cuatro de los cinco homicidios contra periodistas registrados en Veracruz han sido esclarecidos, en todos los casos autoridades estatales han tratado de desvincular la actividad profesional como móvil de los asesinatos.
Del 30 de abril del presente año a la fecha, esa entidad es la que registra la violencia más alta contra comunicadores. Además de los asesinatos, se ha registrado el éxodo de 14 reporteros, uno de ellos exiliado en Francia y el resto fuera de Veracruz por falta de condiciones y uno más en calidad de desaparecido.
En esas condiciones para el ejercicio periodístico, el pasado lunes se dio una conferencia para resolver el crimen cometido en contra de la corresponsal de la revista Proceso, Regina Martínez: la Procuraduría local responsabilizó a “unos malvivientes”. Dos están detenidos y uno más prófugo.
El móvil del homicidio llamó la atención del gremio periodístico de esa entidad. “¿Cómo puede ser que salgan con eso, cuando en Veracruz, la violencia está ligada con el narco?”, sostuvo una persona que labora en medios, sin revelar su identidad por temor al gobierno estatal.
Por su parte, la revista Proceso, de la cual Regina era corresponsal, estableció en voz de su director, Rafael Rodríguez Castañeda, que a pesar de ser coadyuvantes no fue informada de la presunta investigación.
A su vez, como ocurrió en el documento que publican en su edición de esta semana, reiteró que tienen dudas sobre la investigación de la Procuraduría de Justicia, porque justo después de que la revista cuestiona el que no haya resultados, salen para decir que ya tienen a la mayor parte de los responsables de ese hecho.
En el caso de los fotorreporteros Gabriel Huge, Guillermo Luna y Esteban Rodríguez, asesinados el pasado 3 de mayo, la Procuraduría de Veracruz aseveró que los habían matado por orden de un jefe de Los Zetas, por presuntamente filtrar información.