Hace 10 años un ex funcionario público de alto nivel, que había incursionado con éxito en el sector privado, me relataba lo complicado que le había sido contratar personal bien calificado por la dura competencia salarial que existía en el mercado laboral en aquel entonces.
Pensé que su comentario se debía a que por su complicada agenda de funcionario, no había podido asomarse al mercado laboral en el sector privado y conocer de cerca la escasa oferta de profesionales bien capacitados, lo que naturalmente encarecía su costo.
Pero no. Aquel novel empresario se refería a que le había sido muy complicado atraer profesionales competentes por los buenos salarios que ofrecía el sector público en aquellos tiempos que gobernaba Vicente Fox. “No puedo competir con lo que les paga el gobierno”, me dijo en aquel entonces.
Meses después de aquella conversación pude corroborar en carne propia que efectivamente el gobierno era un empleador altamente competitivo frente al sector privado. Algunas personas que laboraron conmigo decidieron aceptar ofertas salariales del sector público difíciles de rechazar.
Todo esto me vino a la mente cuando recibí el pasado martes un boletín de prensa de INEGI con información económica del sector público. Las cifras que allí se dan a conocer retratan en parte la economía del sector público y merecen un análisis más exhaustivo que lo que permite este espacio. Pero déjeme darle algunas cifras sólo para abrir boca y, de paso, dimensionar al sector público desmitificando algunas creencias que ruedan por allí sobre los burócratas del país.
Dicen las estadísticas de INEGI que en 2011 el sector público -que comprende el gobierno central, los gobiernos estatales y municipales, la seguridad social y las empresas públicas- registró cuatro millones 651 mil 274 puestos de trabajo. Si tomamos en cuenta que hay alrededor de 30 millones de trabajadores asalariados, entonces 15% de ellos labora en el sector público. Casi uno de cada seis mexicanos está empleado por el gobierno o por una empresa pública.
Con cifras, el INEGI le da la razón a aquel ex funcionario de hace una década. En 2011 la remuneración media anual para los casi 4.7 millones de funcionarios públicos fue de 320 mil 169 pesos, un monto que incluye salario y prestaciones y que, visto en términos mensuales, supone poco más de 26 mil pesos. Ahora que si vemos a detalle a las empresas públicas (léase Pemex, CFE, etc.) allí la remuneración media anual fue de 416 mil 374 pesos. En los gobiernos estatales la cifra es de 327 mil 549 pesos, en el gobierno central de 297 mil 923 pesos, en los institutos de la seguridad social de 290 mil 259 pesos y en los gobiernos locales de 262 mil 507 pesos.
Por otro lado, y para fines comparativos, el promedio diario del salario base de cotización al IMSS de los 15.3 millones de trabajadores del sector privado registrados a finales de 2011 fue de 248 pesos, unos 90 mil pesos brutos anuales a los que habría que añadir las prestaciones laborales. Con todo, es una cifra lejana del promedio recibido por los burócratas.
No tengo duda que el salario es un tema pendiente en México por su ya largo rezago. Pero, como lo muestran las cifras, este rezago es mayor en el sector privado que en el ámbito público. Al menos en este último el fuerte crecimiento del presupuesto público en los últimos años convirtió al gobierno en un duro competidor por los empleos.
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