A la par de que el próximo jefe de Gobierno del DF, Miguel Ángel Mancera, solicitara al Senado retomar la discusión de la reforma política de la capital del país, en la Cámara de Diputados el PRD presentó una iniciativa de reforma constitucional y al reglamento de San Lázaro, para dotar de autonomía y de una Constitución política al gobierno de la ciudad.

 

A través de su diputado José Ángel Ávila Pérez, el PRD señaló que un Distrito Federal autónomo “puede coexistir en completa armonía y sin entorpecer el adecuado funcionamiento de los poderes federales”, ya que el modelo propuesto le permitirá asumir y enfrentar los retos que plantean su condición de ser la capital de la República, sede de los poderes federales, centro político, económico, social y cultural del país.

 

El ex secretario de Gobierno del DF resaltó que la propuesta de reforma permitiría que se faculte a la Asamblea Legislativa (ALDF) para expedir la Constitución Política de la Ciudad de México, con prohibiciones y limitaciones similares a las de los estados del país.

 

La iniciativa plantea que se le otorgaría a la Asamblea Legislativa el derecho a participar, al igual que las demás entidades federativas, en el proceso de reformas a la Constitución Política, y pasaría a formar parte del Constituyente Permanente.

 

De igual forma, tendría derecho de iniciar leyes o decretos en cualquier materia ante el Congreso de la Unión, en los mismos términos que los estados; así como la facultad de aprobar y establecer las modalidades de la deuda pública de la entidad.

 

En cuanto a la división política y administrativa de la Ciudad de México se propone la creación de demarcaciones territoriales, las cuales estarán gobernadas por un Consejo de Gobierno, integrado por un titular y concejales, de acuerdo con el número que determine la Constitución local. Estos funcionarios serían electos de manera universal, secreta y directa por los ciudadanos de esa demarcación.

 

De reformarse, las demarcaciones territoriales contarán con plena autonomía en la aplicación y destino de su presupuesto, mientras que la hacienda pública del Distrito Federal mantendrá su carácter unitario a cargo del gobierno central, por lo que corresponderá a la Asamblea examinar, discutir y aprobar anualmente el presupuesto de la ciudad y de las demarcaciones territoriales.

 

Se propone la constitución de un Sistema de Coordinación Fiscal propio de la Ciudad de México.

 

La propuesta mantiene la facultad del Presidente para ejercer el mando superior de la fuerza pública en la Ciudad de México, mientras que el jefe de Gobierno tendrá a su cargo la dirección de la fuerza pública pero no su mando superior y podrá designar y remover al servidor público que la tenga directamente a su cargo, pudiendo también ser removido por el Presidente de la República.

 

Los Poderes Federales tendrán la obligación de aportar los recursos necesarios para cubrir los gastos que se derivan de la capitalidad de la Ciudad de México.