Con el objetivo de combatir la operación de los grupos de la delincuencia organizada en la frontera sur del país, y mejorar el control del flujo migratorio, los procuradores del país acordaron una serie de propuestas, entre las que se encuentra el incremento de las fuerzas federales en la franja limítrofe con Guatemala y Belice.
Al dar a conocer las conclusiones de la XXVIII Sesión Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia que se llevó a cabo en Puebla, la titular de la Procuraduría General de la República (PGR) Marisela Morales, dijo que los procuradores del país coincidieron en al necesidad de fortalecer la vigilancia y controles en la frontera sur.
Sin mencionar si se trataría de elementos del Ejército, la Marina o de la Policía Federal, los procuradores coincidieron en que es necesario una presencia del Estado mas enérgica para combatir a lso grupos delictivos en el área.
“Vamos a gestionar el incremento del despliegue de elementos de las fuerzas federales en la Frontera Sur, para garantizar acciones contundentes en las labores de protección en esta región del país”, subrayó Morales.
Pero además, se planteó el incrementar los controles en los accesos migratorios, lo que incluiría al toma de las huellas digitales de los extranjeros que ingresen a México en esa zona.
“Para la atención integral de la problemática delincuencial y de los flujos migratorios en la Frontera Sur, acordamos convocar a las Secretarías de Gobernación, Hacienda y Crédito Público, y de Relaciones Exteriores, a fin de analizar y mejorar las medidas de control de ingreso y salida de extranjeros del territorio nacional, así como adoptar mecanismos biométricos para dicho efecto”, añadió.
Lo anterior viene acompañado de una propuesta que se hará al Consejo Nacional de Seguridad Pública para que a partir del próximo año, exista un presupuesto específico que se destine a desarrollar infraestructura tecnológica en la frontera sur, que fortalezcan las acciones en contra del crimen organizado y la migración ilegal.
Unidades antilavado y otros programas
Por otro lado, la titular de la PGR indicó que se alcanzaron diversos acuerdos, entre los que destaca el exhorto al Sistema Nacional de Seguridad Pública, para que se doten recursos a lso estados que permitan poner en marcha las llamadas Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica.
Estad unidades, que dependerían de las procuradurías locales, estarían encaminadas a la investigación, dentro de su marco de competencia, de operaciones relacionadas con lavado de dinero a nivel local.
Morales señaló pro otra parte que se acordó el impulso de diversos protocolos homologados para la implementación de programas que están pendiente so aun no se concluyen, como las Unidades Antisecuestro, los Centros Operativos contra narcomenudeo, la recolección de indicios genéticos, la búsqueda de personas desaparecidas entre otros. No se dieron a conocer fechas para que lo anterior ocurra.
Además se acordó que los estados entregan de forma sistemática, los registros balísticos de armas y cartuchos relacionados con hechos delictivos, para integrarlos al Sistema Integrado de Información Balística (IBIS) de la PGR.
También se planteó el impulsar una reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego y explosivos, para que se obligue a particulares con licencia de portación de armas, y a las empresas de seguridad privada, a entregar el registro balístico de sus armas a la PGR, que a su ves incluirá la información en el IBIS.
“La coordinación y la cooperación son premisas fundamentales para salvaguardar la vigencia plena del Estado de Derecho y el cumplimiento de la ley, sin excepciones, preferencias o abuso”, dijo la Procuradora durante la clausura de la conferencia.