Nueva York. HSBC anunció ayer que el monto reservado para cubrir las sanciones por lavado de dinero, derivadas de su operación en México, ascienden a más de mil 500 millones de dólares. En Las Vegas, la operadora de casinos Sands Corporation está en negociaciones con el Departamento de Justicia de los EU para llegar a un acuerdo, debido a la falta de controles que permitieron a Zhenli Ye Gon transferir más de 37 millones de dólares a sus negocios, a través de depósitos en cuentas genéricas, vía casas de cambio y agentes financieros mexicanos.
Sands Corporation y los investigadores del FBI aun continúan con la investigación para determinar el esquema financiero que utilizó Ye Gon para cubrir pérdidas en apuestas por un monto de 125 millones de dólares. En la semana vimos como la DEA realizó una subasta para vender los más de 400 caballos de carreras que pertenecían al cartel de Los Zetas.
En textos anteriores hemos descrito la desarticulación que existe por parte del Estado mexicano para perseguir y prevenir el lavado de dinero, y estos tres ejemplos arriba mencionados sólo confirman el fracaso en este frente.
Si queremos desarticular el poder del crimen organizado es importante articular una estrategia para proteger al sistema económico, ya que la acumulación de activos por parte de los criminales puede tener efectos devastadores en la economía, así como en la reputación de los agentes económicos.
La falta de controles que existe en el sistema financiero mexicano para detectar los ingresos ilícitos, producto del narcotráfico, es más que evidente, pero lo más grave es la incredulidad con la cual es tema es abordado por los sectores económicos del país.
Son pocas las empresas y actores del sistema financiero que toman las medidas necesarias para prevenir que sus empresas reciban dinero o hagan transacciones con dinero de procedencia ilícita. Esto se debe principalmente a tres razones. Primero, en el país aún hay muchas zonas donde las transacciones económicas son llevadas acabo con efectivo. En segundo lugar, hay una especie de incredulidad de los ciudadanos a pensar que ellos podrían estar involucrados de manera indirecta en el crimen organizado. Y tercero, existe una falta de difusión de parte de la autoridad sobre medidas preventivas.
La administración del presidente electo, Enrique Peña Nieto, tendrá que hacer un gran esfuerzo de promoción entre los diferentes sectores de la economía para sumar a estos a que tomen medidas preventivas y puedan blindar sus negocios de las redes económicas del crimen organizado. Un primer paso es cambiar la actitud burocrática de los reguladores y aumentar su función de prevención.
Existe una tensión natural entre los reguladores de buscar mayor información relevante para guardar el buen funcionamiento del sistema financiero, que se contrapone con la visión de los actores económicos de cumplir con lo mínimo indispensable para no ser sancionados.
Esto ha creado que las medidas pertinentes para proteger y evitar el lavado de dinero se burocraticen y los riesgos no sean tomados en cuenta por los actores del sector financiero. Los comités en las instituciones financieras muchas veces son de papel, el oficial del cumplimiento que supervisa los controles internos tiene otras obligaciones dentro de la empresa y los directivos no han ponderado los riesgos en operación y credibilidad que esto puede causarle a una institución. A su vez las sanciones no son creíbles, basta comparar las multas a las que será sujeto HSBC en el extranjero con la sanción que recibió en México. Pero al final del día no es a base de sanciones como se logra la protección del sistema financiero, sino a través del convencer a los involucrados de los riesgos que implica hacer transacciones ilícitas y formar parte de la cadena criminal.
Bastaría con ver ejemplos, como el de Perú, donde las cajas de ahorro en una alianza con el gobierno instalaron sistemas de supervisión y auditoría social para evitar y detectar aquellos miembros de las cajas que están involucrados con los jefes mexicanos que pagan las cosechas de cocaína. Este repudio social es el primer paso para terminar con el narcotráfico.