Ante las amenazas que enfrentan por parte del crimen organizado, al hacerse cargo de asuntos por delitos federales, por lo menos 108 funcionarios del Poder Judicial Federal tienen medidas de protección especial, consistentes en el uso de escoltas y de vehículos blindados.
De acuerdo con datos del Consejo de la Judicatura Federal, proporcionados a 24 HORAS, jueces y magistrados de los estados de Tamaulipas, Chihuahua, Nuevo León, Veracruz, Coahuila, Sinaloa, Morelos, Guerrero, Nayarit y Michoacán han modificado sus rutinas de trabajo y recurrido a medidas extraordinarias para poder preservar su vida y mantener su integridad.
Dentro de los más de cien funcionarios del Poder Judicial que tienen medidas de blindaje se encuentran todos los jueces de los penales de máxima seguridad.
Al detalle, quienes han necesitado escoltas por parte del Consejo de la Judicatura Federal son 21 funcionarios, entre jueces y magistrados. Además, otros ocho jueces y magistrados tienen escoltas designadas por la Procuraduría General de la República. También una actuaria se mantiene bajo custodia por policías adscritos a la PGR.
Respecto a la asignación de vehículos blindados, 78 funcionarios del Poder Judicial, dentro de tribunales o juzgados, poseen este tipo de unidades.
El pasado lunes, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan Silva Meza, reveló que existe una escalada de amenazas hacia los juzgadores federales, que los coloca en una situación de riesgo, por lo cual han tenido que tomar medidas de seguridad extraordinarias para resguardarlos.
El también presidente del Consejo de la Judicatura estableció que durante la última década las condiciones de seguridad para los jueces y magistrados han variado, resultado de la incidencia del crimen organizado en la vida del país, y de la escalada de violencia con la que operan esos grupos.
En conferencia el pasado lunes, el presidente de la Corte incluso hizo referencia a que en una ocasión demandaron la presencia de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional para poder sacar a un juez de una entidad del país, justo después de haber dictado una sentencia.