BUENOS AIRES. La presidenta Cristina Fernández se enfrenta el jueves a un nuevo cacerolazo en Argentina en contra de su gestión en un marco de crecientes tensiones entre oficialistas y opositores sobre el verdadero alcance y significado de la protesta. Afirmó hoy que el país vive una “democracia total” y una “libertad de expresión nunca antes vista” y llamó a los políticos a ser claros en sus reclamos.
El cacerolazo que fue convocado en las redes sociales por argentinos descontentos con el gobierno supone un nuevo desafío a la mandataria en menos de dos meses. El 13 de septiembre fue el primero de carácter masivo contra el gobierno en la capital argentina y otras ciudades importantes del país.
Esta vez los manifestantes partirán a las 22:00 (tiempo de Buenos Aires) desde distintos barrios de Buenos Aires para confluir en la plaza donde se alza el Obelisco de la ciudad. La protesta se reproducirá en otras ciudades del país como Rosario, Mendoza y Córdoba. También ha sido convocada por argentinos que viven en el extranjero y que protestarán ante las embajadas de su país en ciudades como Madrid, Barcelona, Roma, Washington, Nueva York, Santiago de Chile y Montevideo.
La oposición en el Congreso argentino selló el pasado 6 de noviembre un pacto para rechazar una eventual reforma constitucional que permita la segunda reelección consecutiva de la presidenta Cristina Fernández.
La presidenta fue reelegida con un contundente apoyo del 54% hace poco más de un año, pero varios sondeos de opinión muestran que se produjo una merma de su popularidad. La consultora Management & Fit difundió una encuesta realizada en septiembre a 2,259 personas en todo el país en la que 60.6% desaprobó la gestión presidencial, mientras que 30.6% la aprobó y 8.8% no contestó.
El cacerolazo ha sido muy cuestionado por el gobierno y sectores sociales cercanos, que lo han identificado con la “derecha rancia”. Lo mismo hizo el Ejecutivo con la protesta del 13 de septiembre, cuando consideró que no quedaba claro cuál era su objetivo y criticó que fuera representativa de sectores acomodados. En esa última protesta participaron mayoritariamente sectores de clase media y media alta.
Los participantes dicen ser personas que se han convocado de forma independiente, sin haber sido movilizados por los partidos políticos. Entre sus quejas están la creciente inseguridad, el aumento de los precios, los casos de corrupción que salpican a funcionarios y el apoyo de algunos sectores oficialistas a una eventual segunda reelección consecutiva de Fernández, prohibida por la constitución.