El Estado Mexicano tiene que proteger a los migrantes en su territorio, pues es una obligación general del Derecho Internacional Público y un deber consagrado en las normas legales mexicanas, aseguró el vicepresidente de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), Bernardo Sepúlveda Amor.
En conferencia de prensa, en el marco de la “Cumbre de Cortes Supremas, Constitucionales y Regionales” en la Ciudad de México, el juez internacional consideró que esa reunión es relevante para establecer un diálogo fructífero entre los tribunales constitucionales de diversos países.
En el tema de los migrantes, México tiene que asegurar dar eficacia real al cumplimiento de la obligación que tiene el Estado de proteger los derechos humanos de las personas en esa situación.
Señaló que en el caso de México, el país “tiene una responsabilidad particular para garantizar de manera efectiva que las obligaciones jurídicas que tiene en la materia sean acatadas de manera plena por todos los órganos del Estado”.
“Estoy pensando, no sólo en el Instituto Nacional de Migración, sino también en los policías, los soldados, los Ministerios Públicos, los jueces y, en fin, en todo aquel funcionario público que deba proteger y garantizar la integridad física de los migrantes”, enfatizó.
Esa protección, agregó, se debe hacer de la misma manera en que se debe ejecutar esa obligación con relación a todos los derechos ciudadanos mexicanos.
Respecto a la protección que debe darse a los jueces, el vicepresidente de la CIJ aseveró que “la protección que se debe dar a los jueces y a todo funcionario público, y en última instancia, a todo individuo, es asunto capital en lo que hace a la convivencia ordenada dentro de un Estado”.