Por unanimidad, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) aprobaron el acuerdo del Instituto Federal Electoral (IFE) que da luz verde a la destrucción de la documentación del proceso electoral 2011-2012.

 

Los magistrados consideraron que el artículo 302 es plenamente constitucional al prever la destrucción de la documentación electoral una vez que ha concluido el proceso y se han resuelto todos los medios de impugnación. Respeto a la violación al artículo 6, que garantiza el derecho a la información, sostuvieron que la información derivada de las boletas ya está reflejada en las actas de escrutinio y cómputo, que al ser públicas garantizan el respeto a este derecho.

 

Quedó pendiente para una sesión posterior, cuya fecha de realización aún no quedó definida, el acuerdo del IFE sobre la destrucción de la documentación electoral correspondiente al proceso electoral 2005-2006. Aunque como estos argumentos también aplican para esta, se prevé que cuando se aborde esta controversia, se confirme también la destrucción de las boletas, pese al exhorto emitido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

 

En la breve sesión de hoy, donde los magistrados resolvieron como único asunto el recurso de apelación interpuesto por los partidos políticos que integraron el Movimiento Progresista, donde se impugna el acuerdo del Consejo General del IFE para proceder a la destrucción de la paquetería electoral, los cuatro magistrados presentes coincidieron en sus argumentos para confirmar esta resolución de la autoridad administrativa.

 

Declararon infundados los argumentos de los partidos PRD, PT y Movimiento Ciudadano. Respaldaron el proyecto del magistrado Pedro Esteban Penagos que precisa que no se contraviene la Constitución, ni se violenta el derecho al acceso a la información de lo ciudadanos.

 

Movimiento Ciudadano basó su recurso en dos argumentos: la inconstitucionalidad del artículo 302 del Cofipe, que prevé la destrucción de la paquetería electoral una vez concluido el proceso electoral y la violación al artículo 6 de la Constitución que garantiza el derecho al acceso a la información de todos los ciudadanos. (Notimex)