El juez Edgar Altamirano, del Juzgado Noveno de Juicio de Managua, dio por concluida la audiencia preparatoria y ordenó realizar el 10 de diciembre el juicio contra los 18 mexicanos a quienes se les incautaron 9.2 millones de dólares y quienes se identificaron como periodistas de Televisa.
El juez reiteró que los acusados de lavado de dinero internacional, narcotráfico y crimen organizado deben esperar ya que la fecha está sujeta a cambios, debido a que la defensa argumenta que ese día tienen programados otros juicios.
El abogado defensor de Raquel Alatorre y/o Juana Raquel Álvarado Torres, Ramón Rojas Urroz, pidió al juez en la audiencia preparatoria que su defendida sea trasladada al Centro Penitenciario La Esperanza, “por humanismo”.
Alatorre ha permanecido en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) desde su detención el pasado 19 de agosto.
Rechazan testimonio de testigo encapuchado
Los abogados defensores Ramón Rojas Urroz, Amy García, Ricardo Martínez Mc Nally y Johana Fonseca, de los 18 mexicanos que se identificaron como periodistas de Televisa y a quienes se les incautaron 9.2 millones de dólares, rechazaron el testimonio de un testigo bajo el código número 1, que declaraba encapuchado bajo identidad oculta, ofrecido por el Ministerio Público; por considerarla ilegal, impertinente y repetitiva.
El diario La Nación reveló que calificaron de ilegal también la carta del embajador de México, Rodrígo Labardino, que fue prueba documental que ofreció la Fiscalía.
“Es ilegal porque Rodrigo Labardino no es autoridad administrativa ni legal de Televisa, no es responsable de recursos humanos que lo acredite para dar tal aseveración: ‘decir que no son empleados de Televisa’, por tal razón es ilegal”, dijo la abogada Amy García. El abogado Rodríguez cuestionó ¿El embajador es funcionario o vocero de Televisa?.
Vínculo con Televisa no es prioridad: defensa
Ramón Rojas Méndez, jefe del grupo de abogados que defiende a los 18 mexicanos señaló que es irrelevante establecer en el juicio el supuesto vínculo laboral entre sus representados y la empresa Televisa.
“No es sustancial establecer si son empleados de Televisa o no, porque en la acusación ninguno del grupo de 18 acusados aparece como empleado o como socio”, señaló Rojas Méndez.
Por su parte, el abogado Ricardo Martínez, dijo que no era trascendental establecer si los acusados laboraban o no para la firma televisiva, en el caso de lavado de dinero y crimen organizado, por eso la carta del embajador era impertinente.