El Partido Revolucionario Institucional (PRI) propuso reformas para imponer de seis a 12 años de prisión a los servidores públicos que intervengan comunicaciones privadas sin autorización judicial, quienes también serían inhabilitados para desempeñar cargos públicos.

 

En entrevista, la senadora Cristina Díaz indicó que las mismas penas serían para los funcionarios públicos que revelen, divulguen o utilicen indebidamente o en perjuicio de otro la información o imágenes obtenidas por una intervención de comunicaciones privadas, autorizada o no.

 

De igual manera se aplicarían dichas sanciones penales a quienes divulguen información reservada que, aunque no estén vinculadas con amenazas a la Seguridad Nacional, lesione la privacidad y dignidad de las personas o revelen datos personales.

 

La secretaria general del PRI señaló que la “intervención de comunicaciones privadas” es un medio legal para que el agente del Ministerio Público de la federación obtenga información que sirva para esclarecer los hechos investigados.

 

Ello con motivo de la investigación de un delito en materia de delincuencia organizada y previa autorización de la autoridad judicial, y que está previsto por ley para lograr la identificación y ubicación de miembros del crimen organizado.

 

“Con la intervención de comunicaciones privadas se ha logrado perfeccionar la integración de muchas investigaciones relacionadas con miembros de la delincuencia organizada, con resultados satisfactorios”, afirmó.

 

Díaz Salazar manifestó que diversas leyes imponen sanciones penales similares a quienes intervengan comunicaciones privadas sin el mandato de la autoridad judicial, así como a servidores públicos de la Procuraduría General de la República (PGR).

 

Sin embargo, agregó que no hay sanciones claras para los funcionarios de todas las dependencias federales, o incluso de áreas del gobierno que no realizan actividades de inteligencia, que divulguen información reservada o la utilicen para otros fines.

 

Por ello se propone reformar la Ley de Seguridad Nacional para sancionar con penas de seis a 12 años de prisión y multas de 500 a mil días de salario mínimo, a los funcionarios públicos de cualquier dependencia que incurran en este supuesto, concluyó.