El jefe de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal, Jesús Cárdenas Palomino, comparecerá ante un juez en torno al ataque contra tres agentes de la CIA y un capitán de la Marina, el 24 de agosto pasado cerca de Tres Marías.

 

De acuerdo con la defensa de los policías, que ya fueron consignados por estos hechos, una vez iniciado el proceso, solicitará al juzgado la comparecencia del alto mando, en un intento por sustentar que los agentes cumplían con su trabajo, y que el incidente derivó de una confusión.

 

El pasado 2 de septiembre, Cárdenas comentó, en una conferencia, que “estaban acreditando plenamente que en la zona había un operativo antisecuestro”, y que ese era el motivo por el cual los policías se encontraban esa zona de la carretera federal México Cuernavaca.

 

Sin embargo, la Procuraduría General de la República (PGR) informó el viernes, a través de un comunicado, que los policías involucrados fueron presentados ante el Ministerio Público Federal con sus uniformes, cuando antes no los traían, simulando una circunstancia que “resultó ser falsa”.

 

En entrevista con 24 HORAS el abogado Enrique Mondragón señaló que ya planean la estrategia que seguirán en el proceso, e hizo hincapié en que los testimonios de mandos, entre ellos el de Cárdenas Palomino, será uno de los elementos en el que se sustentará la defensa.

 

Recordó que el desahogo de la declaración de Cárdenas y el de otros mandos, eran parte de las pruebas a su favor que habían requerido a la PGR que se tomaran en cuenta, por lo que dijo que ahora, con mayor razón, pedirán su comparecencia en el juzgado donde quede radicado el proceso penal.

 

El litigante también indicó que en el juicio, van a solicitar un careo entre sus clientes y los agentes estadunidenses y el capitán de la Marina que viajaban en la camioneta diplomática que fue baleada. Esta confrontación fue desestimada por la PGR durante el periodo del arraigo.

 

La defensa también contempla la testimonial de la persona que fue secuestrada y que públicamente declaró que los agentes estaban en la zona apoyándolo en la búsqueda de los supuestos plagiarios.

 

La posición de los abogados defensores en torno al caso, es que los policías federales atacaron la camioneta Toyota blindada en la que viajaban las víctimas, ya que esta se había negado a detenerse, en el contexto del operativo al que Cárdenas Palomino hizo referencia.

 

Mondragón también condenó las irregularidades que a su juicio cometió la PGR, al “ocultar” por varias horas los reclusorios a los que fueron trasladados los policías la noche del jueves, tras haber permanecido la mayoría casi 80 días arraigados. Los defensores estudian la posibilidad de interponer amparos por estas circunstancias.

 

Dado que los jueces que otorgaron las órdenes de aprehensión son los mismos que definirán al formal prisión, Mondragón consideró que es casi un hecho que los policías sean procesados.

 

¿Y el móvil?

 

Pese a que los policías federales ya fueron recluidos, la PGR no ha explicado el móvil entorno al intento de homicidio de los agentes de la CIA y el capitán de la Marina, pues la única información oficial que se conoce fue la difundida en el comunicado emitido la madrugada del viernes pasado.

 

La PGR concluyó que “los elementos policíacos consignados intentaron privar de la vida” a los funcionarios estadunidenses, y que lo único que lo impidió fue el blindaje del vehículo, el cual recibió 152 impactos de bala.

 

Los delitos que se imputaron son el de homicidio calificado en grado de tentativa, tipificado como grave y que no permite fianza, además de daño a la propiedad ajena. En algunos casos se agregó el ilícito de encubrimiento.

 

El Ministerio público manejaba entre las líneas de investigación el vínculo con la delincuencia organizada, sin embargo, a los policías no se les imputó ese delito. La titular de la PGR, Marisela Morales, había adelantado a principios de noviembre que la indagatoria seguiría abierta aun con la consignación de los policías.

 

La madrugada de este lunes vencía el plazo inicial de 72 horas de los jueces para definir la situación jurídica de los policías, quienes fueron enviados a penales federales en Jalisco y Chihuahua.