La senadora Lizbeth Hernández presentó a nombre de las fracciones del PRI y del PVEM ante el Pleno del Senado la Iniciativa Anticorrupción que ayer les entregó el presidente Enrique Peña Nieto que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 22, 73, 79, 105, 107, 109, 113, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La iniciativa se turnó a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, con la opinión de la comisión de Gobernación y la comisión de Corrupción y Participación Ciudadana.
El senador del PVEM, Pablo Escudero dejó claro que la Comisión Anticorrupción que se propone no actuará con consignas de partidos, ni de coyunturas y que no está hecha pensando en el pasado, ya que está construida y planeada para el futuro de nuestro país.
Pidió el apoyo de todos los senadores para enriquecer esta iniciativa que debe acabar con la corrupción que debilita las instituciones y enferma y lastima a la sociedad mexicana, ataca directamente el crecimiento y desarrollo del país, además de que abre la puerta para enquistar al crimen organizado.
La senadora Lizbeth Hernández señaló que la corrupción es uno de los problemas más dañinos y graves del país, que además incrementa los precios de los bienes y servicios, por lo que el gobierno debe poner el ejemplo y sancionar a los funcionarios deshonestos y revelarlos de sus cargos.
FACULTADES DE LA NUEVA COMISIÓN
En la iniciativa se propone la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción como el órgano del Estado responsable de prevenir, investigar y sancionar los actos de corrupción en materia administrativa cometidos por los servidores públicos de la Federación, así como por cualquier particular, ya sea persona física o moral.
Se le dan facultades para atraer y para conocer casos de los estados y municipios. Se le otorga autonomía constitucional. Su funcionamiento se regirá por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y profesionalismo.
Se integrará por cuatro comisionados y un comisionado presidente, designados por el Ejecutivo federal. La Cámara de Senadores podrá objetarlos por dos terceras partes de sus miembros presentes dentro de los siguientes 30 días naturales. En caso de objeción, el Ejecutivo federal hará una nueva designación, si ésta también fuera objetada dentro del mismo plazo, designará directamente a otra persona.
La Comisión podrá desarrollar el procedimiento administrativo sancionador. No podrá ejercer acción penal. Cuando en sus indagaciones, la Comisión encuentre actos presumiblemente constitutivos de delito dará vista al Ministerio Público, y estará facultada para coadyuvar en la investigación.
Las sanciones impuestas por la Comisión podrán ser recurridas vía amparo directo. Lo delitos de corrupción no prescribirán en un plazo inferior a cinco años. Toda autoridad y servidor público tendrá la obligación de prestar auxilio a la Comisión y a sus representantes para el buen desempeño de sus funciones.