Los cambios propuestos al diseño del gobierno Federal por Peña Nieto suenan bien pero distan de ser suficientes. Centrar la atención en el control y coordinación del gabinete (con el fortalecimiento de Gobernación y SHCP), en contener la corrupción y subordinar la fuerza a la ley son buenas intenciones pero insuficientes. Cambiar la ley no garantiza el reordenamiento. Es en la instrumentación donde se puede verse el cambio.
Los dos ámbitos: el administrativo y el de seguridad están llenos de pendientes mayúsculos que resolver. ¿Castigará a alguien por corrupción, falsedad de declaraciones, o tortura u optará por el “borrón y cuenta nueva”? En caso afirmativo, deberá mostrar que puede hacer rodar cabezas pero con argumentos sólidos, no de nuevo, con la construcción de chivos expiatorios.
Si decide no afectar al gabinete saliente, deberá crear, al menos, una comisión de la verdad, que apacigüe el dolor de los mexicanos y esclarezca los hechos. Son muchos las víctimas y los muertos como para no tomarlos en cuenta. Peña no debe conformarse con un obsceno memorial (sin nombre pero con plumón) de Felipe Calderón.
El nuevo equipo habla de combate frontal a la corrupción a través de una iniciativa de ley que requiere un cambio constitucional y el de al menos 25 leyes. ¿Es eso frontal o un mecanismo para ganar tiempo? ¿Cuánto tomará aprobar esta reforma y su instrumentación?
La corrupción no es nueva solo es más evidente. Parte porque los medios los delatan. Parte por la falta de oficio de funcionarios que evidencian el desproporcionado crecimiento de sus patrimonios (como ha mostrado proceso). Si Peña quiere sentar precedente, tendrá que salir del discurso legaloïde y poner ejemplos.
Lo mismo sucede en el ámbito de seguridad. Los mexicanos hemos presenciado el abuso de la fuerza pública encubierta por su propaganda. Con supuestos testigos protegidos, montajes y tortura generaron una desmedida cantidad de detenidos para los que no puede probarse responsabilidad alguna. La PGR no sirvió de contrapeso. Por falta de apoyo y/o competencia sus investigaciones fueron débiles. No se sabe ni quien murió ni quien mató.
En seis años, los montajes propagandísticos se institucionalizaron. Las mentiras utilizadas para mejorar en las encuestas como el caso Cassez terminaron en una emboscada contra funcionarios americanos. Lo que parecían afrentas personales se convirtieron (a decir de la PGR) en una crisis institucional donde se miente por instrucción de un superior.
La más delicada consecuencia del abuso sistemático al debido proceso es el grito de presuntos delincuentes que, por la debilidad de los argumentos acusatorios exigen la revisión de su caso. El problema no es menor. Se corre el riesgo de liberar a delincuentes peligrosos, pero peor aún, no atender el asunto puede mantener en prisión, injustamente, a miles de inocentes. El gobierno se consolidaría como secuestrador institucional.
Si Peña Nieto quiere mostrar seriedad, con cambios legales o sin ellos, tendrá que actuar de manera contundente y diferente en lo administrativo y en lo judicial. Primero, debe mostrar empatía con el dolor nacional: las familias de más de 60,000 muertos y desaparecidos y más de 238,000 detenidos no son poca cosa. Segundo, necesita probar que hará las cosas de forma distinta, a pesar de las limitaciones del sistema judicial. No se necesita una cacería de brujas sino demostrar un compromiso serio hacia la justicia y el debido proceso para que nunca se repita lo vivido estos seis años.