El reloj marcaba 38 minutos del primer tiempo del partido Santos contra Monarcas en el estadio Territorio Santos Modelo, en Torreón, Coahuila. Los jugadores dejaron de perseguir el balón y corrieron hacia los vestidores. Había una balacera. Por primera vez la violencia relacionada con el narcotráfico se mezclaba con el deporte tradicional por excelencia en México.
Televisión Azteca detuvo la transmisión, pero el canal internacional ESPN siguió al aire, rompiendo su récord mundial de audiencia en un juego de futbol local. Millones de espectadores mexicanos frente a la televisión observaron el enfrentamiento entre uno de los carteles más sanguinarios de México y la policía municipal de Torreón, Coahuila.
En la redacción del periódico regional El Siglo de Torreón los editores y reporteros debatieron la noticia. Entendían su importancia, pero dudaban sobre publicar las fotos en primera plana. La balacera había sido entre el grupo criminal Los Zetas y un contingente de la policía municipal destacado cerca del estadio.
De acuerdo con un estudio sobre autocensura en la prensa regional realizada por Fundación MEPI, una organización de periodismo de investigación basada en la Ciudad de México, las amenazas y un vacío de información oficial complican el trabajo de los reporteros.
“Sabíamos que si las publicábamos (las fotos) íbamos a incurrir en mucho peligro”, dijo Javier Garza, director editorial del diario. Su preocupación estaba fundamentada. Desde 2009, las oficinas del diario han sido atacadas en dos ocasiones por hombres armados. Los periodistas de El Siglo han recibido amenazas y advertencias de criminales a los que disgusta su cobertura sobre narcotráfico y violencia.
Con 10 periodistas asesinados en 2011, México fue el país más peligroso del mundo para un reportero, según el Instituto Internacional de la Prensa (IPI). El miedo a ser blanco de represalias del crimen organizado ha profundizado el sentido de autocensura en los medios regionales mexicanos, revela la investigación de MEPI.
En dicho estudio, que duró seis meses, se monitorearon periódicos en 14 estados del país como continuación de otro estudio realizado en 2010. Este nuevo trabajo buscó medir cómo los contenidos de las publicaciones de esos estados, ubicados en el centro y norte del país, fueron impactados por la violencia.
Se encontró que la cobertura del crimen organizado aumentó más de 100% en 2011, en comparación con el estudio de 2010. Aun así, únicamente dos de los periódicos que MEPI monitoreó -El Norte en Monterrey y El Informador en Guadalajara- contextualizaron la violencia, identificaron a las víctimas y dieron seguimiento a las historias.
La nota sobre la balacera en el estadio apareció en primera plana al día siguiente. Sin embargo, El Siglo no explicó las razones del enfrentamiento entre Zetas y policías, ciñéndose así a sus políticas editoriales. Los editores saben que los criminales leen sus páginas para conocer cómo aluden a sus organizaciones e intentan no provocarlos.
EL ESPECTÁCULO DE LA VIOLENCIA
Una mayor cobertura en los periódicos regionales en 2011 no reflejó políticas editoriales ni trabajos periodísticos más contundentes, respondió a un crecimiento exponencial de la violencia en México, ya que ese año las ejecuciones del crimen organizado aumentaron 9% en todo el país, según el sociólogo Eduardo Guerrero, de Lantia Asociados. En algunos municipios la cifra se disparó a más del 100%.
“Los asesinatos fueron espectaculares en tamaño y dimensión”, dijo por su parte Alejandro Hope, experto en seguridad y ex analista del órgano de inteligencia civil mexicano, CISEN. “No había manera de que la prensa regional los ignorara”.
Entre los incidentes más sangrientos de 2011 se cuentan: en Monterrey, el incendio provocado por Los Zetas en el Casino Royale, donde murieron 52 personas. En Veracruz, al sur del país, fueron encontrados 35 cuerpos desnudos en una avenida principal. En Guadalajara, la segunda ciudad más grande de México, fueron hallados 28 cuerpos hacinados en una camioneta abandonada en una calle muy transitada.
REPORTES POLICIACOS INCOMPLETOS
El miedo no es la única razón de una cobertura superficial de la violencia en México. Según editores y reporteros el flujo limitado de información oficial es un factor clave que también afecta los contenidos en los periódicos.
Por ejemplo, en el caso de la balacera en el estadio de Torreón, las autoridades locales no proporcionaron un reporte policiaco completo y, de acuerdo con los protocolos de seguridad de El Siglo, los reporteros solo incluyeron las versiones oficiales en sus historias.
“Ha sido un calvario obtener datos precisos de las autoridades locales”, dijo Garza. Por ejemplo, la metodología usada por las procuradurías estatales para contabilizar homicidios es diferente a la utilizada por la policía municipal. “Algunas veces recibimos información de tres agencias de gobierno, y todas se contradicen entre si”, precisó.
En Coahuila como en otros siete estados atrapados en un fuego cruzado entre organizaciones criminales y con poca información oficial que contextualice la violencia, la balanza en la cobertura se inclina hacia actividades criminales como decapitaciones y secuestros.
Una revisión de los contenidos de El Siglo de Torreón en 2011 muestra que en las historias periodísticas donde se menciona al crimen organizado, 457 eran sobre acciones policiacas frente a 713 donde se destacan las de grupos criminales.
Irónicamente, los medios de estados controlados por un grupo criminal tienden a publicar más notas sobre acciones del gobierno, como arrestos y operaciones policiacas.
Los medios en Tamaulipas, Michoacán y Zacatecas, estados influenciados por el grupo de Los Zetas, evitan escribir sobre esa organización criminal y sus actividades.
En Tamaulipas, donde el estudio de MEPI encontró el índice más alto de autocensura, el diario El Mañana rara vez cubre violencia del crimen organizado, y las pocas historias sobre el tema que publica suceden en Texas. “En Tamaulipas la prensa está cooptada”, dijo Carlos Flores, experto en seguridad y autor de un libro sobre la colusión entre los gobiernos estatales y el crimen organizado en esa entidad. Otra preocupación para muchos periodistas, son los casos de infiltración de los cárteles en las redacciones, a través de colegas reporteros.
Michoacán es otro estado donde la cobertura sobre crimen organizado es limitada, a pesar de que es abiertamente aceptado que el cartel de La Familia y otro grupo, Los Caballeros Templarios, controlan las actividades criminales. Según el estudio, el diario monitoreado, La Voz de Michoacán, nunca menciona a ninguno de estos dos grupos en sus notas.
SIN UNA SOLUCIÓN FÁCIL
Algunas ciudades han mejorado el flujo de información gracias a la participación de la sociedad civil e iniciativas del sector privado. En Ciudad Juárez y Monterrey, por ejemplo, nuevas organizaciones han contribuido al aumento en el uso de estadísticas. La creación hace dos años de la Mesa de Seguridad de Ciudad Juárez, una entidad que trabaja con el gobierno local y la sociedad civil, ha propiciado un mejor flujo de información, según Alfredo Quijano, editor del periódico Norte.
En Monterrey, un grupo privado de abogados creó al Consejo Cívico de Instituciones de Nuevo León, que promueve la transparencia gubernamental y en especial en el tema de seguridad.
Muchas veces los gobiernos locales no tienen el entrenamiento para saber qué sucede en sus regiones, sostuvo Leticia Ramírez de Alba, coordinadora de estudios en tendencias criminales para la organización no gubernamental México Evalúa.
Muchos representantes de los gobiernos locales no tienen habilidades básicas de investigación policiaca, mientras que otros están coludidos con el crimen organizado, dijo. En los últimos seis años decenas de altos funcionarios en el gobierno han sido identificados por la inteligencia mexicana por sus nexos con distintos grupos del crimen organizado.
Un ejemplo es el reciente arresto de 14 policías federales acusados del probable intento de asesinato, en agosto de este año, de dos oficiales de la CIA y un capitán de la Marina mexicana en una carretera cerca de la Ciudad de México. De acuerdo con reportes de la prensa, oficiales de EU sospechan que los oficiales detenidos tienen nexos con el crimen organizado.
Las estadísticas y los números se han vuelto herramientas importantes para medir la efectividad de programas gubernamentales anti-crimen. En 2010, el presidente Felipe Calderón, presionado por grupos de derechos humanos, publicó la primera base de datos en línea sobre homicidios relacionados con el crimen organizado desde 2006, pero fue criticada por su metodología poco rigurosa. En 2011, la Procuraduría General de la República publicó más estadísticas, aunque incluyó únicamente los homicidios de enero a septiembre.
De acuerdo con México Evalúa, la manipulación de cifras por parte de las autoridades estatales es una práctica común. En 2011, por ejemplo, oficiales de Torreón maquillaron las cifras criminales y desaparecieron más de 100 asesinatos de los datos oficiales, reportó El Siglo.
En 2007, el gobierno del Estado de México, vecino del Distrito Federal, también manipuló sus números; redujo la tasa de homicidios violentos en 60%, según Ramírez de Alba. Esta manipulación ocurrió cuando el presidente electo, Enrique Peña Nieto, era gobernador de ese estado.
FALTA DE PERIODISMO AGUDO EN MÉXICO
Pero más allá de la manipulación oficial de las cifras, los periodistas “no estamos haciendo nuestro trabajo de un periodismo agudo”, señaló Marco Lara Klhar. “Los periodistas no están entrenados para reportear historias que vayan más allá de la violencia y que describan problemas endémicos del sistema político y legal mexicano”.
En Torreón, Garza reconoce que él, sus editores y reporteros entienden la necesidad de buscar otras estrategias para cubrir mejor el crimen organizado, de una forma segura, pero por ahora hacen lo mejor que pueden.
En marzo del año pasado 715 periódicos y estaciones de radio y televisión firmaron un acuerdo que promueve la cobertura imparcial del crimen. El documento obliga a los medios a “presentar la información en su contexto correcto y en su justa medida”; a los periodistas les pide asegurarse de que “la información que se difunda sobre el crimen organizado debe asignar a cada quien la responsabilidad que tenga sobre los hechos de violencia”. El Siglo de Torreón firmó el acuerdo, pero está lejos de cumplirlo con la información publicada en sus notas sobre crimen.
Al respecto, Garza dijo que él sabe las limitaciones de su periódico. Aun así, sigue buscando mejores formas de escribir las noticias y sobrevivir. Ahora alienta a sus editores a construir bases de datos y a utilizar estadísticas criminales en mapas y gráficas para contar las historias. “Pensamos que tal vez así sea la manera de evitar problemas de seguridad en el futuro”, concluyó. *FUNDACIÓN MEPI
(Para leer la investigación completa da click aquí)
