El gobierno de Felipe Calderón ha enfrentado constantes señalamientos de diversas asociaciones civiles, e incluso organismos internacionales, por presuntas violaciones a los derechos humanos y las instancias creadas para atender a los afectados por agresiones de criminales o fuerzas de seguridad, como Províctima o la Ley de atención a víctimas, han sido tachadas de insuficientes o inoperantes.
De acuerdo con el Centro de Investigación para el Desarrollo AC (CIDAC), basado en cifras recopiladas por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, al finalizar el sexenio se puede llegar a 90 mil muertos y 300 mil desaparecidos, resultado de los enfrentamientos entre grupos de delincuentes y los choques entre éstos y las fuerzas del orden en el marco del combate al crimen organizado lanzado por Calderón.
Para la organización Human Rights Watch, la política de seguridad de este sexenio “fracasa seriamente en dos aspectos”, ya que no ha logrado reducir la violencia y ha generado un “incremento drástico” de las violaciones graves de derechos humanos.
“En vez de fortalecer la seguridad pública en México, la guerra desplegada por Calderón ha conseguido exacerbar un clima de violencia, descontrol y temor en muchas partes del país”, dice el estudio.
De acuerdo con este análisis, desde que el Presidente declaró la guerra a la delincuencia organizada, el país ha sufrido un “incremento dramático” de la violencia, la cual ha sido consecuencia, en gran parte, de la rivalidad entre los cárteles que compiten por el control de territorios y mercado. La tasa de homicidios aumentó más de 260% entre 2007 y 2010, tras un descenso sostenido que mantuvo durante las décadas anteriores.
Según datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, durante este sexenio aumentó la cantidad de denuncias por violaciones a derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad federales. Mientras entre 2003 y 2006 este organismo recibió 691 denuncias por presuntos abusos cometidos por soldados contra civiles, en el periodo 2007 a 2010 éstas aumentaron a cuatro mil 803, lo que significó un crecimiento de 595%, por lo que las recomendaciones de este órgano pasaron de 5 a 25.
Según el Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos, el sector que lidera la violación de derechos humanos es el de seguridad, con tres mil 101 quejas en lo que va del año, mientras que la Secretaría de Defensa es el segundo organismo con más denuncias en su contra, con mil 231 quejas al mes de septiembre.
En cuanto a los casos de tortura, la organización mundial Amnistía Internacional acusa a este gobierno de no haberla combatido seriamente, a pesar de que las autoridades mexicanas aumentaron algunas medidas para reducir este delito: “Las limitaciones de esas medidas y su ineficaz aplicación ponen en duda la voluntad política existente en todos los niveles de gobierno para erradicar la constante tortura e impunidad que se mantiene desde hace tanto tiempo en el país”, afirma un informe de AI.
Además de las muertes, torturas y violaciones a los derechos humanos, los desplazados también se han convertido en otra de las cifras que ha traído la estrategia contra el narcotráfico emprendida por este gobierno. De acuerdo con el Centro de Monitoreo de desplazamiento interno (IDMC, por sus cifras en inglés), desde 2007, a lo largo del país hay cerca de 140 mil personas desplazadas debido a la guerra contra el narcotráfico, principalmente en los estados de Chihuahua, Tamaulipas y Nuevo León, así como en Durango Guerrero, Sinaloa y Michoacán.
Ciudad Juárez es la ciudad más afectada por este desplazamiento. Según la Universidad Autónoma de esa entidad, se estima que 24 mil 500 personas fueron desplazadas de esa región en 2011.
Paradójicamente, esta administración promovió la elevación a rango constitucional de los derechos humanos en 2011 y presentó la Ley General de Atención y Protección a las Víctimas de la Violencia, la cual aún espera que la Suprema Corte resuelva la controversia constitucional en la que se encuentra porque la administración la vetó.
Asimismo, durante el último informe de gobierno se asegura que “las acciones para la promoción y defensa de los derechos humanos realizadas durante esta administración no tienen precedente” y apura a enlistar la promulgación de la Ley de trata de personas y la de Protección de defensores de derechos humanos y periodistas, ambas promulgadas en este sexenio también, además de acciones implementadas por el gobierno como la capacitación de jueces y magistrados federales en esta materia, así como encuentros con representantes a nivel internacional en el ámbito de los derechos humanos.