Hoy se aprueban en el pleno las segundas ternas enviadas por el Ejecutivo para suplir a dos ministros de la Corte. Según senadores, existen grandes posibilidades de que en esta ocasión haya ganadores: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena -favorito del presidente electo- y Alberto Gelasio Pérez Dayán, apoyado por el presidente Felipe Calderón.

 

Ayer comparecieron ante la Comisión de Justicia los integrantes de la terna para sustituir al ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano en la Suprema Corte. Gutiérrez Ortiz Mena fue duramente cuestionado por su desempeño en el SAT y su rol en la venta de Banamex a Citigroup.

 

Además se le criticó que nunca ha sido juez, ya que después de pasar por Harvard fue litigante privado en cortes de Estados Unidos y en despachos como el que asesoró a Banamex en la venta de sus acciones a Citigroup, lo que privó al erario mexicano de tres mil 500 millones de dólares.

 

El titular del sistema de Administración Tributaria reconoció que el despacho donde trabajaba fue el encargado de esa transacción, pero explicó que fue otra oficina de litigantes la que llevó la parte fiscal de ese asunto.

 

De la falta de carrera judicial, señaló que precisamente por eso la Corte es un cuerpo Colegiado, para aprovechar la experiencia de todos los ministros, y aclaró que ha habido varios que vienen de notarías o de la academia.

 

Reconoció que pudiera haber asuntos en los que se presenten conflictos de interés, sin embargo, en caso de que los hubiera, “existe el procedimiento de la excusa que es calificada por los demás ministros”.

 

La perredista Dolores Padierna lo criticó porque de 2006 a 2008, cuando fue administrador de grandes contribuyentes, hubo un desmesurado saldo de créditos fiscales y facilidades a los grandes contribuyentes por 93 mil millones en los seis primeros meses de 2008.

 

Ortiz Mena aseguró que en su gestión se obtuvo la mayor recaudación de la historia, se amplió la base de contribuyentes de siete a 39 millones, y se ganó más de 60% de los juicios contra grandes causantes.

 

Después compareció Norma Lucía Piña Hernández, quien respondió a cuestionamientos como si se debe instaurar la pena de muerte: “Eso no solucionará nada. La finalidad del Estado no es matar o encarcelar a los ciudadanos”.

 

El último en comparecer fue Ricardo Romero Vázquez. Señaló que en figuras como el arraigo, la extinción de dominio y testigos protegidos todavía no se determina si son las más convenientes para enfrentar al crimen organizado.

 

Y al referirse a que deben prevalecer los derechos humanos, manifestó que estaría de acuerdo “en una circunstancia ordinaria, pero tratándose del crimen organizado ya no es lo mismo”.

 

Ayer por la tarde, además, iniciaron las comparecencias de quienes aspiran al cargo de la Judicatura Federal, con los primeros 11 de 35 aspirantes, entre los que estuvieron Leticia Bonifaz, Carlos Armando Biebrich, Cralos Chaurand y Gustavo de Silva, entre otros.