La Asamblea Legislativa del Distrito Federal plantearon modificaciones a la ley orgánica de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que permitan una solución al conflicto actual que vive la institución y evitar que se repitan estos episodios.
Manuel Granados, presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea, indicó que se revisará toda la normatividad que existe dentro de la universidad, aunque serán “muy cautelosos en este tema” para no entorpecer las negociaciones que se llevan a cabo para lograr la reapertura de las instalaciones.
Por su parte, la diputada panista Priscila Vera Hernández, vicepresidenta de la Comisión de Educación, señaló que es urgente reformar la ley y establecer mecanismos que solucionen el conflicto actual y eviten que esto se repita cada seis meses. “La asamblea no puede claudicar en su labor de legislar”, afirmó en entrevista.
Sin embargo, los dos asambleístas reconocieron que éste es un tema difícil de negociar, sobre todo después de que la propuesta en este sentido por parte de la rectora Esther Orozco desató un conflicto en la universidad.
En un desplegado publicado por Orozco en abril de 2011, indicaba que la universidad no contaba con estatutos suficientes para regular las actividades académicas.
Por ejemplo, decía el documento, los profesores impartían sólo nueve horas de clases a la semana, a pesar de que tienen “turno completo” y deben cumplir con 40 horas de trabajo. Además, contaban con el mismo turno completo en otras instituciones de educación superior.
Desde entonces, la rectora ha reiterado en diversas ocasiones que la universidad funcionó arbitrariamente durante sus primeros 10 años de vida por el mal diseño institucional, según señaló en un mensaje de Twitter, publicado el 19 de noviembre pasado en su cuenta personal.
Respecto a la propuesta que presentó ayer la ALDF, Orozco se mostró satisfecha. “Ese es un punto muy importante, la universidad sin normas no tiene futuro, la institución sin normas no se sostiene”, afirmó en entrevista telefónica con 24 HORAS.
Añadió que el tema del Consejo Universitario -que detonó la toma de instalaciones y el paro de labores hace 84 días-, ya está resuelto y sólo falta precisar su conformación, pero ya es un tema definido en las mesas de dialogo establecidas dentro de la misma Asamblea.
Hasta el cierre de esta edición, se esperaba que los estudiantes inconformes y la rectoría se reunieran en una nueva mesa para recibir el documento final, en el que se acepten todos los puntos planteados en estas dos semanas de negociación, y en el que se incluye el asunto de la normatividad.
Granados explicó que una vez revisado y aceptado, se estará dando la firma del documento final, en el que ambas partes queden conformes y se logre la reapertura de los planteles.
Una vez logrado, la universidad podría retomar sus actividades la próxima semana, y analizar cuáles serán los siguientes pasos para recuperar el semestre y retomar la vida académica.