EL CAIRO. El presidente de Egipto, Mohamed Mursi, blindó ayer sus plenos poderes ejecutivos y legislativos, al ordenar que todas sus decisiones sean definitivas e inapelables ante la justicia hasta la entrada en vigor de una nueva Constitución.

 

El portavoz presidencial, Yaser Ali, leyó el anuncio en el que Mursi asesta un duro golpe a la separación de poderes en el Egipto posrevolucionario, y que parece destinado a acabar con la incómoda oposición mostrada hasta ahora por la cúpula del Poder Judicial.

 

“Las declaraciones constitucionales, las leyes y las resoluciones adoptadas por el presidente, desde que asumió el 30 de junio hasta que entre en vigor la Constitución y se elija al nuevo Parlamento, son definitivas e inapelables por cualquier método o ante cualquier órgano”, reza el anuncio.

 

De igual forma, según el texto, no se permitirá que sus decisiones sean “suspendidas o canceladas”.

 

Además de garantizarse su inmunidad, Mursi hizo lo mismo con la Asamblea Constituyente y la Cámara Alta del Parlamento o “Shura”, al disponer que no se permita a ninguna instancia judicial disolver cualquiera de las dos, controladas por las fuerzas islamistas.

 

El presidente ya goza de plenos poderes tanto en el ejecutivo como en el legislativo, después de haber asumido la labor del Parlamento tras la disolución judicial de la Cámara Baja solo dos días antes de su elección.

 

En declaraciones a la cadena de televisión “Al Yazira”, Alí explicó que las medidas no implican que se vaya a restaurar la Cámara Baja, sino que se celebrarán nuevas elecciones.

 

Con su resolución, Mursi se quita de en medio también a uno de sus rivales en el estamento judicial, el fiscal general del país, Abdelmeguid Mahmud, y somete la designación de este cargo, que hasta ahora correspondía a los propios jueces, a la institución presidencial.

 

El nuevo fiscal general será el magistrado Talaat Ibrahim Mustafa, de 54 años, gracias a una nueva ley, que fija, con carácter retroactivo, en cuatro años el tiempo máximo para desempeñar este cargo.

 

En una de sus primeras decisiones, el pasado julio, el mandatario ya revocó la disolución de la Cámara Baja, para tener que rectificar solo tres días después, tras recibir la negativa del Constitucional.

 

También tuvo que dar marcha atrás en octubre, cuando cesó al fiscal general y 48 horas después se vio obligado a retractarse.

 

Por otro lado, Mursi ordenó también que se repitan las investigaciones y los procesos judiciales a los implicados en la muerte de manifestantes durante la Revolución del 25 de Enero de 2011 -con la que arrancó el proceso que derivó en la caída del régimen del presidente Hosni Mubarak (1981-2011)- y en los sucesos posteriores de la transición.

 

El rechazo a la declaración constitucional llegó de inmediato desde diferentes sectores.

 

La vicepresidenta del Tribunal Constitucional Supremo egipcio, Tahani el Gebali, dijo que la declaración constitucional promulgada por Mohamed Mursi le convierte en un presidente “ilegítimo”.

 

“Esto supone una salida de la legitimidad constitucional que el actual presidente se comprometió a respetar y que juró ante el Tribunal Constitucional. Con esta decisión, se ha convertido en un presidente ilegítimo”, dijo El Gebali.

 

Mientras uno de los más contundentes fue el premio Nobel de la paz y dirigente de uno de los partidos opositores, Mohamed el Baradei, quien escribió en su Twitter que “Mursi ha usurpado hoy todos los poderes del Estado y se ha proclamado nuevo faraón de Egipto”.EFE